El PNV reclama el derecho a decidir pactado con el Estado y aceptado por la UE
España
Los nacionalistas vascos admiten que su propuesta choca con lo que consideran un claro «proceso de recentralización que pone en riesgo los consensos políticos».
10 Dec 2024. Actualizado a las 19:13 h.
La ponencia política que debatirá el PNV en su asamblea general, el equivalente a un congreso, se centra en el reconocimiento del derecho a decidir, pactado con el Estado y aceptado por la Unión Europea. El PNV afronta su asamblea el 29 y 30 de marzo de 2025 en un contexto de declive electoral, aunque conserva el gobierno de todas las principales instituciones vascas, e inmerso en un profundo proceso de relevo generacional, en el que la única duda es si Andoni Ortuzar optará a la reelección como presidente del partido.
En ese congreso se debatirán cinco documentos, tres de carácter político y dos organizativos, que el Euzkadi Buru Batzar (EBB) ha hecho públicos este martes tras aprobarlos la víspera y remitirlos a las organizaciones municipales del partido para su debate y enmienda.
«Plena soberanía»
En el documento político el EBB deja claro desde la primera página que el PNV «aspira a la plena soberanía de la nación vasca y a la institucionalización del derecho a decidir su futuro» y que sus «aspiraciones como pueblo y nación se sitúan en la Unión Europea». La ejecutiva del PNV argumenta que «el sentimiento y los anhelos democráticos de libertad de un Pueblo están muy por encima de cualquier actitud impositiva, por mucho que esta se pretenda positivar en leyes y hasta en Constituciones o fronteras» porque el derecho a decidir es «un principio democrático» y moderno; es eminentemente europeo y europeísta».
Para el PNV, «más allá del marco político concreto por el que se opte en cada momento histórico, el derecho más inalienable de una nación es ver reconocida su condición de sujeto político y mantener la capacidad para decidir su propia articulación política».
Abogan por un «nuevo estatus» para Euskadi pactado con el Estado basado en el «reconocimiento nacional y del derecho a decidir», que garantice la «bilateralidad» en las relaciones con el Estado, aumente el autogobierno y lo blinde y se «integre en el ordenamiento europeo», aunque afirma que eso choca con un claro «proceso de recentralización que pone en riesgo los consensos políticos».