Sánchez convocará en enero a las comunidades para negociar la quita de la deuda autonómica

Por ahora la Conferencia de Presidentes de Santander ha generado una foto, la de familia, y una invitación a las comunidades a otro encuentro, ya el próximo año, para negociar la quita de la deuda autonómica.

El rey Felipe VI acompañado del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siete ministros y representantes de todas la comunidades y ciudades autónomas, entre ellos el de Galicia, Alfonso Rueda. Esta vez si estuvo Cataluña, representada por Salvador Illa (PSC). Hace casi tres años, en Palma, faltó su predecesor Pere Aragonés (ERC). La foto, dijo Sánchez, es una «imagen poderosa» que «demuestra la unidad territorial de nuestro país», al que describió como un «Estado compuesto».

Sánchez ha anunciado que el ejecutivo central convocará el próximo mes de enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra). 

El presidente del Gobierno, en una declaración institucional sin preguntas, defendió el Estado de las autonomías como un «pleno acierto» y, tras las dudas surgidas por el desempeño de las Administraciones en la catástrofe de Valencia, insistió en que el sistema «solo ha traído cosas buenas». 

Sánchez afirmó que el ejemplo de ese «pleno acierto (...) lo vemos en el desempeño de nuestra economía», y aprovechó para publicitar la gestión de su Gobierno de forma implícita señalando un artículo de The Economist que destaca que España crece «cuatro veces más que la OCDE». No es la única publicación reciente del semanario británico sobre la situación del país. En octubre lanzó un artículo crítico con el presidente, a quien reprochó «aferrarse al cargo a costa de la democracia española».

Sánchez agradeció al rey que regresase de su viaje internacional a Italia, donde recibió una excepcional recepción en el Parlamento, para estar en Santander. También agradeció la presencia de todas las autonomías —faltó el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, por motivos personales, pero acudió el vicepresidente Miguel Marín—. Destacó entre ellas al País Vasco, al que separó del resto, ya que agradeció «al lendakari, los presidentes autonómicos y los presidentes de las ciudades autónomas», en dos ocasiones.

El mandatario vasco, Imanol Pradales (PNV), fue uno de los primeros en llegar a la cita y, tras la foto de familia, entró en el palacio de La Magdalena hablando con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Alfonso Rueda departió con los gobernantes de Asturias, Andalucía y Cataluña, Adrián Barbón, Juan Manuel Moreno Bonilla y Salvador Illa.

De vuelta al discurso de Sánchez, el presidente señaló la conferencia como una oportunidad para «la concertación y la cooperación», y para dar «respuestas y seguridad» a los ciudadanos.

Pero desde el propio Gobierno se consideran improbables los acuerdos en algunos asuntos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijo a primera hora ser «absolutamente pesimista» sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de financiación, el tema principal de la jornada, en la que también se discutirá de inmigración, vivienda y sanidad.

Por último, Sánchez agradeció la colaboración de las autoridades cántabras en la organización de la conferencia. A su lado estaba la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), que habló antes que el presidente y le lanzó varios dardos, y también a su gobierno, en línea con la estrategia de su partido.

Tras los agradecimientos, De Buruaga comparó la foto de familia de los mandatarios con las inminentes reuniones familiares que tendrán los españoles en Navidad, cuando se verán personas «que han votado diferente, pero que son familia». Ese es el significado que según ella debe tener la conferencia porque «representamos al conjunto de los españoles» y quieren «que hablemos, escuchemos y seamos capaces de ponernos de acuerdo».

La presidenta cántabra añadió que los españoles «no entienden España de lo muros y anhelan la España del acuerdo», fue una clara alusión al discurso de investidura de Sánchez, en el que proclamó a su Gobierno y a sus aliados parlamentarios como un «muro de democracia» frente a Vox y al PP de Alberto Núñez Feijoo, a quien situó en el «club de Trump, Orban, Le Pen y Abascal».

Además, De Buruaga, en una respuesta implícita al ministro Torres, subrayó con insistencia que «todos, todos» deben poner «el interés general por encima» de los intereses de partido. También subrayó que el modelo de financiación «nos afecta a todos y lo tenemos que decidir y acordar entre todos (...) sin privilegios y en pie de igualdad».

Las propuestas de Moncloa

En medio de la reunión, coincidiendo con el fin de la intervención de Pedro Sánchez, Moncloa ha informado vía dos WhatsApp a la prensa -que no puede seguir el encuentro en directo y tiene su base de trabajo en un edificio separado a 500 metros del Palacio de La Magdalena- de las propuestas del Ejecutivo.

Las propuestas sobre financiación, que se conocieron mediante un mensaje posterior al del resto de asuntos, el Gobierno anuncia que «convocará en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades del régimen común». Galicia y otras autonomías, que hicieron un esfuerzo mayor para controlar su deuda en años anteriores, se oponen a esa medida porque supondría que sus ciudadanos asumen parte del débito que contrayeron otras Administraciones. La asunción de la deuda fue una de las condiciones que los independentistas catalanes impusieron a Sánchez para votar a favor de su investidura en el 2023.

Además, el Ejecutivo plantea a las comunidades «acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy». 

Esas iniciativas del Gobierno son coherentes con la línea política que ha mantenido durante el último año, pero han sido rechazadas por los presidentes del PP, que gobierna en 11 comunidades y las dos ciudades autónomas. De hecho, los populares han rechazado en el Senado en más de una ocasión las iniciativas sobre la condonación de la deuda. También se oponen a las negociaciones bilaterales de la financiación. Las propuestas del Ejecutivo tampoco han despertado un respaldo entusiasta en todos los gobernantes del PSOE. Los presidentes de Asturias y sobre todo el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han criticado que Cataluña tenga una financiación singular.

Además, plantea que «reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la dana una línea adicional de ayuda». Esa posibilidad ya está contemplada en la normativa europea. El Ejecutivo dice que «podría contribuir a reforzar las medidas» que se han adoptado desde el Estado y desde la Generalitat Valenciana. 

En materia de vivienda propone «blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible», una medida que la Xunta ya ha tomado.

«Aprobar una reforma de la Ley del Suelo que ofrezca más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos, ayude a acelerar la construcción de viviendas asequibles, y a adaptar la normativa actual al reto del cambio climático».

También invita a los gobiernos autonómicos a «hacer uso de la ley de vivienda», que ha sido recurrida por varias autonomías como Galicia y el País Vasco.

Sobre inmigración, la propuesta es «que se sumen a una política migratoria responsable y solidaria, basada en la ciencia y no en los prejuicios», «acordar de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados», y que las comunidades respalden sus iniciativas para fomentar la inmigración regular.

Por último, en materia sanitaria, Moncloa anunció que «transferirá a las comunidades 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 para que financien la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en inteligencia artificial». Además de que «consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias» siembre que exista un «compromiso firme» de las comunidades «para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación».