El ADIF descarta irregularidades en los contratos señalados por Aldama en el Supremo

Un informe elaborado por el ADIF descarta irregularidades en la adjudicación de los contratos que el presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, aseguró que se habían logrado como parte de las supuestas corruptelas de la trama en un reciente escrito enviado al Tribunal Supremo (TS), al que adjuntaba diversa documentación.

Según consta en el informe, al que tuvo Europa Press, se trata de un análisis emitido a petición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, fechado el 10 y 11 de diciembre y que, de acuerdo con las fuentes consultadas, pretende entregarse al instructor del caso Koldo en el TS, el magistrado Leopoldo Puente. En el informe, de 29 páginas, se explica que se ha realizado un estudio pormenorizado de la totalidad de los expedientes de contratación de obras y servicios de ADIF durante el período temporal que discurre entre los meses de junio del 2018 y julio de 2021.

El dosier indica que se ha ceñido al marco de la documentación entregada al Tribunal Supremo, documentación que incluye varias hojas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio del 2021, en las cuales se subrayan determinados proyectos en los que Aldama sostiene que pudo haber tratos de favor. La ADIF, en este estudio, señala la falta de concreción de las imputaciones del conseguidor basadas en elementos de «extraordinaria generalidad».

De todo tipo

La entidad pública expone que «la documentación tomada como base se refiere a partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de kilómetros o conceptos muy amplios que, en la mayoría de ellos, incluyen en un mismo ejercicio presupuestario multitud de contratos de todo tipo, desde la propia ingeniería de redacción de los proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, todo tipo de instalaciones, suministros y servicios auxiliares». Ya en el detalle, el informe precisa que «una vez filtrados bajos esos condicionantes la información que obra en los sistemas, se acotó inicialmente en 373 contratos».

ADIF arranca aclarando que «en tres de los epígrafes destacados como potencial gestión irregular —concretamente, LAV Valladolid-Burgos-Vitoria, Inversiones en Líneas de Explotación y Renovación de la Estación de Valladolid Campo Grande— no se ha iniciado ni finalizado expediente de contratación alguno durante el período temporal investigado».

Y continúa indicando que, «de los contratos de ADIF, únicamente seis de ellos encajan dentro de los criterios de selección y se descartaron al ser pedidos contra acuerdo marco de uno de los contratos de mantenimiento, y cuya tramitación se realizó fuera del período temporal investigado».

Fue el pasado 4 de diciembre cuando De Aldama aporto un escrito de 39 folios y sus respectivos anexos al TS. El empresario aludió al «reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios». Según dijo, «la mayoría de estos contratos fueron adjudicados a tres empresas relacionadas con Koldo García»: Obras Públicas y Regadíos, Áfridos Anfersa y Levantina, Ingeniería y Construcción.