El Gobierno recurrirá a un decreto ley para prorrogar el gravamen a las energéticas

El Gobierno aprobará la prórroga del gravamen a las empresas energéticas, que decae el 31 de diciembre, mediante un decreto ley. Es la única vía disponible para ampliarlo antes del 2025, en un contexto en el que ni Junts ni PNV, dos socios ineludibles, están por la labor de su ampliación. Los posconvergentes temen que ahuyente inversiones millonarias en Cataluña y los nacionalistas vascos reclaman que pase a ser un impuesto más de los sistema tributario de Navarra y Euskadi.

El Ejecutivo celebró este miércoles una reunión con varios de sus socios de la investidura. Repitieron ausencia tanto Junts como el PNV. Un hecho que motivó a Podemos, que reclama un impuesto permanente, a hacer lo mismo. Sí que estuvieron ERC, EH Bildu y el BNG. Fueron ellos los que, en una nota conjunta, anunciaron la vía del decreto ley como solución momentánea. El comunicado incluye para el gravamen su «conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra». El Gobierno podría optar por añadir en el decreto una bonificación a las empresas que impulsen medidas de descarbonización para ganarse el favor en de Junts y el PNV, cuando el decreto ley llegue al Congreso para convertirse en norma.

El gravamen temporal deberá pasar sí o sí por el examen de la Cámara Baja como muy tarde 30 días después de su publicación en el BOE. Pero, antes, el Gobierno tiene hoy una nueva prueba de fuego con vascos y catalanes también como protagonistas. El Congreso debe decidir si aprueba finalmente la reforma fiscal del Gobierno. Una medida de la que precisamente se extrajo el gravamen a las energéticas para lograr el visto bueno de PNV y Junts, mientras se prometía al resto de socios que se ampliaría en el tiempo.

La clave está en una de las enmiendas que añadió el PP durante la tramitación de la reforma en el Senado, donde cuenta con mayoría. La formación popular incluyó una enmienda que consiste en la derogación del artículo 1 de la ley 38/2922, aprobada en el 2022 por el Ejecutivo. Aquí es donde reside la base legal del gravamen, por lo que su eliminación, si sale este jueves adelante en la Cámara Baja, obligaría al Ejecutivo a mover ficha. En ese caso, no valdría la opción de un decreto ley. La única salida pasaría por proponer un proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria.

El senador de Junts, Joan Bogué, se abstuvo en la votación de las iniciativas del PP. Los populares le devolvieron el guiño con un sí crucial a dos de sus propuestas: mantener el 4 % del IVA a productos lácteos y una bonificación fiscal para las cotizaciones de empleados de clubes deportivos con categorías profesionales que formen a menores de edad. Al Gobierno no le preocupa la medida relativa a los clubes, de hecho el PSOE votó a favor en el Senado, pero deberá negociar con los posconvergentes la otra enmienda validada por el PP.

El Ejecutivo estará este jueves muy pendiente también de la tramitación final de la ley de eficiencia judicial. Podemos y el PNV. La norma impulsada por el ministerio de Félix Bolaños se antoja como un tira y afloja entre Podemos y el PNV, con el Gobierno de por medio. Los peneuvistas introdujeron una enmienda que agilizaba los desahucios si existe un allanamiento de morada. Una decisión que no comparte Podemos, pese a que los vascos recalcaron que solo buscan combatir la okupación.