Madrid Arena: ¿y los culpables?

Rocío Oña (18 años), Katia Esteban (18), Cristina Arce (18), Belén Langdon (17) y María Teresa Alonso (20). Las cinco murieron el 1 de noviembre del 2012 en el pabellón Madrid Arena de Madrid durante la celebración de una fiesta de Halloween. La organización había vendido un total de 23.835 entradas cuando el aforo máximo permitido era de 10.620 personas. Bastó que se produjera una avalancha para que las cinco chicas encontraran la muerte por asfixia, aplastadas por una multitud que trataba de huir de aquel infierno sin escapatoria. Hoy se cumplen tres años de aquella tragedia sin que nadie haya pagado todavía por ella. El juicio por estos hechos no comenzará hasta el próximo 12 de enero. La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de ese día, en una vista oral que se celebrará los martes, miércoles y jueves, y que está previsto que se prolongue como mínimo hasta el mes de mayo, a los quince imputados señalados por el juez de instrucción del caso Eduardo López-Palop. En esa lista de imputados no figura ni la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ni ninguno de los concejales de su equipo, pese a que el Madrid Arena es propiedad del Ayuntamiento de la capital y de que el consistorio era el responsable de la infraestructura y de su seguridad a través de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec). La declaración de los más de 200 testigos citados en la causa servirá para determinar qué sucedió aquel día, quiénes son los responsables de la tragedia y qué grado de responsabilidad tiene cada uno.

Las familias de las fallecidas deberán esperar por tanto un mínimo de siete meses para que se haga justicia por la muerte de las adolescentes. De los que se sentarán finalmente en el banquillo, trece están acusados de ser coautores de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia. A los otros dos se los considera coautores de tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. Entre los acusados se encuentra, a pesar de la opinión en contra de la fiscalía, el ex jefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo. Para el principal acusado, Miguel Ángel Flores, empresario y administrador de la firma Diviertt, organizadora del evento y que se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros, la fiscalía solicita cuatro años de prisión. Once responsables de la seguridad en el Madrid Arena se enfrentan a una posible pena de tres años, mientras que para los médicos que estaban encargados aquel día de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, se piden dos años y seis meses de cárcel. Tanto Pedro Calvo, ex concejal y presidente de la empresa pública de la que dependía el Madrid Arena en el momento de los hechos, como Miguel Ángel Villanueva, entonces vicealcalde de Madrid, quedaron exonerados por el juez de cualquier culpa, aunque ambos acabaron dimitiendo de sus cargos. Ninguno de los políticos que tenían responsabilidades cuando se produjeron los fallecimientos ocupa ya cargo alguno, ya que tras las pasadas elecciones municipales el Ayuntamiento quedó en manos de la plataforma Ahora Madrid, con Manuela Carmena como nueva alcaldesa de la capital.

Pero, más allá del juicio que se celebrará en enero, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el recinto del Madrid Arena, en el que se detectaron múltiples irregularidades tras la investigación? Por increíble que parezca, muy poco ha cambiado desde entonces. Aunque se han realizado algunas mejoras, el local sigue siendo inseguro y nada indica que no se pueda volver a producir un siniestro similar. Una de las deficiencias más graves, tal y como constata el juez Palop en su auto de imputación, era que la enfermería del local era solo «un cubículo en el que no había ni agua corriente». Tres años después, la enfermería sigue siendo un espacio reducido en el que tampoco hay agua. Otra circunstancia que dificultó en extremo la investigación sobre lo sucedido es que muchas de las supuestas cámaras de vigilancia eran en realidad carcasas vacías sin nada en su interior. Entre ellas, la que se encontraba en el vomitorio en el que se produjo la avalancha. Todavía hoy siguen faltando cámaras y algunas de las que se han instalado nuevas no están conectadas a ningún sistema de vigilancia.

Los nuevos responsables del Ayuntamiento de Madrid anunciaron recientemente la adopción de nuevas medidas de seguridad para controlar uno de los aspectos fundamentales que quedaron en evidencia tras aquella fatídica noche de Halloween, el exceso de aforo. Entre esas supuestas nuevas medidas se encuentran los sistemas de lectura digital de las entradas, capaces interpretar y almacenar la información de los códigos de barras. Pero lo cierto es que  el día de la tragedia ya se utilizó ese mismo sistema, que quedó en manos de la empresa Dato, contratada para ello. Lo que falló no fue el control, sino la irresponsabilidad de que nadie cortara el acceso cuando se superó el límite. De hecho, el pasado mes de septiembre se produjo otro incidente en el Madrid Arena motivado por un nuevo exceso de aforo que obligó a desalojar al público durante la celebración de un evento al detectarse que había dentro del local 700 personas más de las 6.500 autorizadas. Tres años después, el Madrid Arena sigue en uso y no hay culpables de la tragedia.