Sobre la molturadora pesa una sentencia del Tribunal Supremo de hace año y medio que la declara ilegal
06 Apr 2017. Actualizado a las 05:00 h.
Los vecinos de Castro llevan casi un año y medio esperando a que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que les daba la razón sobre la situación de la cementera. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desestima el recurso de casación interpuesto por Cementos Galegos, S.A. contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el 3 de octubre de 2013, favorable a los vecinos. El colectivo había apelado ante la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de alzada que habían interpuesto contra la Dirección Xeral de Calidade e Evaluación Ambiental, «por la que se otorgaba autorización ambiental integrada y se formulaba la declaración de impacto ambiental de las instalaciones de molienda, almacenamiento y expedición de cemento, proyectada por Cementos Galegos». Pero a pesar de estos antecedentes «sigue funcionando», lamentaba ayer el presidente del colectivo vecinal, Víctor Méndez.
La directiva se reunió con el concejal de EU de Narón, André Abeledo, y los parlamentarios de En Marea, Antón Sánchez, Eva Solla y Marcos Cal, para reactivar sus reivindicaciones. El grupo había presentado varias preguntas en el Parlamento a los representantes anteriores de las consellerías de Industria y Medio Ambiente que, sin embargo, no llegaron a contestarse tras la renovación de cargos en el nuevo mandato. Por ello, volverán a interpelar al Parlamento trasladando las demandas vecinales para saber si la Xunta tiene pensado llevar a cabo alguna medida para cumplir la sentencia, si buscarán responsabilidades políticas derivadas de la autorización y si se va a destinar alguna aportación económica a recuperar la parcela y la fuente catalogada. «A sentencia deixou sen efecto a autorización ambiental outorgada no seu día polo departamento da Xunta desestimando a modificación do Plan Xeral que se levou a cabo coa aprobación dun plan sectorial, por considerar que dita modificación vai en contra do principio de xerarquía nominativa», defiende el edil de EU, que recalca: «Di que deben devolverse os terreos ao seu estado orixinal». Abeledo critica la tardanza por parte de la Consellería de Medio Ambiente en tomar medidas «e si non o fixo entendemos que faltou a súa palabra e o seu compromiso coa veciñanza».
«Queremos que actúen»
Con esta iniciativa buscan que la Xunta se implique. «Queremos que los responsables de Industria y Medio Ambiente se pronuncien y actúen paralizando la actividad», demandan desde el colectivo vecinal.