La administración alegó razones de sanidad, ecológicas y económicas

A pesar de la contundencia de las sentencias judiciales del 2003 y 2007, reafirmada en las piezas separadas para ejecución, en medios políticos estaba firmemente afianzada la sensación de que no era posible el derribo. Tanto la Confederación Hidrográfica como la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte SA (AcuaNorte) y el Concello de Ourense lo expresaron en los últimos informes solicitados por el juez de lo contencioso.

Resaltaba la Hidrográfica que la clausura de la actual depuradora generaría, desde un punto de vista medioambiental, «una importante afección a los ecosistemas acuáticos derivada del vertido de aguas brutas sin depurar procedentes de una población de más de 100.000 habitantes al medio receptor». Esa situación pudiera dar lugar a la comisión de un delito ecológico.

Impacto estético y social

Razonó AcuaNorte, como recoge el juez en sus autos, que el vertido directo tendría «un importante impacto sanitario sobre las aguas del río y el entorno del cauce» con un aumento del riesgo de infecciones sanitarias, aparte del «impacto estético y social sobre las poblaciones ribereñas con malos olores».

El Concello de Ourense, por su parte, sostiene que «la construcción de una nueva EDAR pasa por ser la única alternativa viable para el tratamiento y depuración de las aguas residuales urbana de Ourense».

Advierte la administración municipal en otro informe que una eventual clausura de la actual depuradora «causaría unha grande afección aos mananciais de augas mineromedicinais e termais de Ourense», según uno de los informes remitidos al juzgado, en el que también se alude al desarrollo del termalismo y al disfrute de los recursos naturales en el entorno del Miño.