Frente común a la espera de Torres-Dulce

La asociación Avogados Novos ha propuesto crear un frente común y aliarse con colectivos ciudadanos, como asociaciones de vecinos, empresarios o taxistas, para explicar al ciudadano lo «ruinoso» que sería que Vigo pierda su partido judicial y se trasladen los funcionarios, bufetes y gestorías. Eso, sin contar la quiebra de derechos o la pérdida de atractivo de la ciudad.

Esta alianza intentará frenar el plan del ministro Gallardón para implantar un solo partido judicial por provincia que excluye a Vigo. «La ciudad puede perder millones de euros de actividad económica si los tribunales se trasladan a la capital. Eso viene recogido en la exposición de motivos de la ley, que busca la uniformidad de las sentencias por lo que necesita tener a todos los jueces juntos», advirtió ayer el portavoz de Avogados Novos, Fabián Valero.

El tiempo corre porque Gallardón pronto contará con los informes no vinculantes que ha pedido al Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), antes de pedir al Congreso la aprobación de su plan. Precisamente, ayer, el ministro charló con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante la recepción oficial del Dos de Mayo en Madrid. El fiscal general ya tiene el informe que le envió el Área de Vigo donde le advierte de la singularidad y peso de la mayor ciudad gallega y le recomienda que conserve su partido judicial.

Otros informes están de camino al Ministerio de Justicia. La junta de jueces de Vigo ya remitió el suyo al TSXG donde advierte de que no se puede privar a tanta población de una justicia cercana. Otro dosier lo prepara el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, uno de los sabios de Gallardón, y que podría mostrarse «sensible» a la excepcionalidad viguesa. Prometió a SOS Xustiza visitar Vigo, aún sin fecha en su agenda.

Avogados Novos emprenderá en los próximos meses su campaña informativa a los ciudadanos. Los letrados están unidos en varias plataformas y buscan aliarse con asociaciones vecinales, comerciantes o autónomos para organizar movilizaciones. «Los juzgados se mantendrán por ahora aquí pero se irán cuando se construya un macrotribunal en Pontevedra», dice.