Ence admite que su fábrica de Pontevedra cometió delito ecológico

El complejo que forman en Lourizán (Pontevedra) las fábricas de Celulosas y Elnosa incumplió la normativa en materia de vertidos híbridos y atomosféricos hasta 1994. Ence asumió ayer la condena de seis ex directivos de la empresa por un delito ecológico, dos delitos continuados de daños y cuatro faltas contra las personas, en relación con la actividad contaminante de sus factorías de Pontevedra. El voluminoso caso judicial (más de 12.000 folios) fue incoado en 1990 a raíz de una denuncia vecinal por los desperfectos aparecidos en una finca cercana a las fábricas y, tras doce años de instrucción, finalizó ayer en un par de horas de juicio con una sorprendente conformidad, que supone penas de más de seis meses de cárcel para los seis imputados finales (contra tres procesados fueron retirados los cargos). Nueve directivos y ex directivos de Ence se enfrentaban inicialmente a una petición del fiscal superior a los tres años de prisión por cabeza. Jaime Gago Sevilla, ahora fiscal jefe de Guadalajara y sobre quien durante esos doce años recayó el grueso de la investigación contra la compañía pastera, explicó ayer que una reciente tendencia del Tribunal Supremo entiende que ya no existe el delito ecológico continuado que se imputaba, sino un único hecho aunque prolongado en el tiempo. Por ello aceptó modificar antes de la vista sus pretensiones y rebajó las posibles condenas a cinco meses y multa de 30.000 euros por el delito ecológico (no continuado), 6.000 euros por los daños y cuarenta días de arresto por las lesiones. Defensas y fiscal iniciaron conversaciones hace aproximadamente veinte días para fijar finalmente en esos términos la condena de conformidad. A mayores, el acuerdo implica el pago de indemnizaciones de 150 euros a dos niños que en enero de 1994 sufrieron crisis respiratorias; 300 a otras dos personas que precisaron asistencia hospitalaria por fugas de gases irritativos, y 433.000 euros al Estado o a la Xunta. La compañía Ence fue declarada responsable civil subsidiaria. La acusación popular, ejercida por Defensa da Ría, analizó ayer mismo el contenido de este acuerdo. De hecho, el tribunal tuvo que suspender unos minutos la vista para que pudiera pronunciarse. Sólo añadió dos puntualizaciones: que se le permitiera exponer públicamente las razones por las que aceptaba ese final del caso y que se especificara que la indemnización de 433.000 euros se dedique a sanear la ría. Nadie puso inconvenientes, aunque el destino de dicha cantidad no pueda legalmente ser impuesto. Y Defensa da Ría dejó claro que ayer cumplió todos sus objetivos: que se investigase a Ence, que se sentase alguien en el banquillo y algo que en 1990 no imaginaba ni por asomo, una condena.