La ley de privatización portuaria provoca un cisma en la UE

La polémica directiva sobre la privatización de los servicios portuarios, contra la que el lunes se movilizaron 14.000 estibadores de toda Europa, provocó ayer un cisma en el seno de la Eurocámara que podría acabar tumbando la iniciativa legislativa que trata de impulsar la comisaria de Transportes, Loyola de Palacio. Las tres instituciones comunitarias -Consejo, Parlamento y Comisión- alcanzaron un acuerdo ayer para poner fin al procedimiento de conciliación y poder así lanzar una ley de rango comunitario que pretende regular aspectos como la actividades de estiba y desestiba y el servicio de prácticos. No obstante, la Eurocámara asumió este pacto de una forma tan reñida -8 votos a favor y 7 en contra- que hace imposible prever si la directiva acabará siendo ratificada o rechazada por el pleno en diciembre. El acuerdo interinstitucional estipula que en los puertos podrán existir prácticas de autoasistencia; es decir, que los armadores podrían recurrir a personal propio para realizar labores de desestiba, aunque sólo al personal de a bordo y no a sus empleados en tierra, como reclamaban Consejo y Comisión. Además, la directiva no dejará a los prácticos al margen de la privatización, aunque para este servicio se elaborará un reglamento específico, dado que los prácticos tienen también responsabilidades de seguridad marítima. Aunque populares y liberales están básicamente conformes con esta posición, socialistas, verdes y grupos minoritarios se expresaron en contra del acuerdo, al entender que se aleja demasiado de la opinión de la Eurocámara, que abogó por impedir totalmente la autoasistencia y por no incluir a los prácticos en la directiva.