Quintana inicia la negociación para la transferencia de 70 competencias dentro del actual marco estatutario

?l vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, iniciará mañana el proceso de negociación con el Gobierno central para la transferencia de 70 competencias. El bipartito pretende desarrollar ese proceso, que permitirá agotar el actual Estatuto, de forma paralela y complementaria a su reforma. Quintana significó ayer que el extenso listado de materias elaborado por el Gobierno gallego, que duplica las solicitadas por el Ejecutivo del PP (33), evidencia la mayor ambición a la hora de exprimir el marco autonómico aprobado en 1981, pero también la necesidad de un nuevo Estatuto. El número dos del bipartito proclamó que afronta la apertura de la negociación de los nuevos traspasos como una oportunidad para «facer didactismo» sobre la importancia de la reforma del marco estatutario para mejorar la calidad de vida de los gallegos. Quintana citó como ejemplos los problemas creados con los juzgados de lo mercantil o la paralización de minicentrales hidroeléctricas. Arguyó que, si Madrid cede a Galicia la gestión sobre la demarcación de planta judicial, la Xunta no cometería «erros como os que se están a producir nos últimos días». Quintana aprovechó la coincidencia del inicio de las negociaciones con el tercer aniversario del hundimiento del Prestige para asegurar que la mejor forma de prevenir nuevas catástrofes es ceder a Galicia las competencias en materia de ordenación del litoral, salvamento marítimo y seguridad marítima. El vicepresidente, que eludió trazar un calendario par la consecución de objetivos concretos en un proceso «que levará tempo», destacó que la Xunta llevará la negociación desde la «cooperación intelixente», en contraposición al uso de la demanda de las competencias como «arma política» que recriminó al anterior Ejecutivo gallego. De las 70 transferencias que pide el bipartito, 25 se enmarcan en el desarrollo del autogobierno (como la nueva Policía Autonómica o las relativas a justicia, seguridad o administración judicial); otras 25 afectan a la gestión económica y del territorio (como las relativas a puertos, aeropuertos, política forestal o seguros agrarios), y las 20 restantes, al bienestar (asistencia social, seguro escolar o gestión de museos).