La Voz de Galicia

El Gobierno recurre la Lei de Dereito Civil de Galicia ante el Constitucional

Galicia

Gonzalo Bareño la voz | madrid

El recurso echa por tierra meses de negociación entre los Ejecutivos autónomo y central Considera que la comunidad no puede legislar en materia de adopción y autotutela

23 Mar 2007. Actualizado a las 06:00 h.

Después de meses de negociaciones bilaterales, el acuerdo no fue posible. El Gobierno materializó ayer finalmente el recurso de inconstitucionalidad contra le Lei de Dereito Civil de Galicia. El Ejecutivo considera que la parte de la norma que regula la adopción y la autotutela «excede las competencias atribuidas a la comunidad autónoma para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil gallego» y vulnera «las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil». El Gobierno y la Xunta llevaban meses cruzando informes con la intención de evitar que la ley fuera recurrida. El último de esos documentos fue remitido el jueves, sólo unas horas antes del recurso. El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, estuvo en Madrid el pasado día 20 negociando in extremis con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva. El miércoles 21 de marzo, Quintana aseguró a La Voz en Madrid que el consenso era todavía posible. Pero todo fue inútil. Ayer, tras conocer la noticia, Quintana tachó de «grave error» la decisión del Ejecutivo. Aunque admitió el derecho del Estado a recurrir, afirmó que la Xunta dispone de «argumentos políticos y jurídicos suficientes» para defender que se trata de una norma «que está de acuerdo con el derecho y con la Constitución». Posición del Ejecutivo En su recurso, el Gobierno considera que la norma autonómica «regula con carácter general y de manera exhaustiva la adopción y la autotutela, instituciones ambas que carecen de antecedentes en la legislación gallega», lo que invade competencias estatales. El conselleiro de Presidencia de la Xunta, José Luis Méndez Romeu, destacó la unanimidad del Parlamento gallego sobre una ley elaborada «en el marco estricto de las competencias autonómicas. El Gobierno gallego considera ahora que la comisión bilateral es el marco en el que se debe resolver el conflicto», dijo, por lo que el bipartito «espera que en las próximas semanas sea posible hallar fórmulas jurídicas que satisfagan a ambas partes».


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