La falta de fondos dificulta el cierre del nuevo modelo de financiación

José Luis Rodríguez Zapatero ha ido pasándose de una mano a otra la patata caliente de la financiación autonómica desde la pasada legislatura. Ahora, tras muchos pasos adelante y atrás, quiere cerrar como sea un acuerdo, y se ha dado un plazo de «una o dos semanas», según dijo el pasado martes en Barcelona. Pero no va a ser fácil. Las interminables negociaciones encajan a la perfección en el aforismo de la manta corta: si te tapas el tronco dejas al aire los pies, y si cubres los pies se queda al descubierto el tronco. Es lo que ocurre en tiempos de crisis cuando se acumulan las peticiones a atender: hay poco dinero a repartir y nadie quiere ser menos que otro.

El que fuera ministro de Administraciones Públicas y responsable de Economía del PSOE entre el 2000 y el 2004, Jordi Sevilla, decía hace un par de años que Rodríguez Zapatero se iba a arrepentir de no haber pactado la financiación en la pasada legislatura, cuando había más recursos y, sobre todo, mejor clima político. Pero la agenda del presidente del Gobierno estaba acaparada por el proceso de paz en el País Vasco y el Estatuto catalán.

El Gobierno, aunque tardó cuatro años en coger el toro por los cuernos, sabía desde el principio que era necesario cambiar el sistema. Opinión que compartían expertos y gobernantes autonómicos sin diferencias de color político. El PP, en su momento, intentó defender la continuidad del sistema que pactó José María Aznar con CiU, pero la presión de sus barones territoriales hizo que Mariano Rajoy se comiera sus palabras.

Más recursos

Por citar un dato, es incontrovertible que las autonomías más dinámicas, más pobladas y que más recursos aportan al sistema son las más perjudicadas. La liquidación del último ejercicio, el del 2007, refleja que el incremento de los ingresos de las comunidades en relación al 2006 fue del 3,9% de media. Pues bien, Cataluña mejoró el 2%, Madrid, el 1,6%, y la Comunidad Valenciana, un 1,9%.

En cambio, Asturias ingresó un 7,1% más, Extremadura, un 6,5%, y Galicia y Castilla-La Mancha, otro 6,1%. Lo mismo sucede en la financiación por habitante.

Tras las últimas generales, Pedro Solbes se puso manos a la obra con un doble objetivo: dotar a las comunidades de financiación suficiente para costear los servicios transferidos y limar las diferencias territoriales. El Estatuto de Cataluña establecía que el nuevo sistema debía entrar en vigor el 9 de agosto del 2008. Pasó ese día sin acuerdo y el siguiente vencimiento se situó en el 20 de noviembre. Lo mismo. En diciembre, el Ejecutivo presentó un texto base para sellar un pacto antes de fin de año, pero Cataluña lo rechazó. Entre ese mes y enero, Zapatero abrió el confesionario y por allí desfilaron los líderes autonómicos: todos recibieron buenas palabras, y hasta se habló del 15 de febrero como fecha tope. Pero otra vez no hubo resultados.

El Gobierno no cejó en su empeño de poner fechas y marcó en rojo junio, pero el desacuerdo persistió. El último plazo, el del 15 de julio, lo fijó Zapatero en el pasado debate sobre el estado de la nación con la pretensión de que sea el definitivo y sin nuevas prórrogas.

Lo curioso es que todas las autonomías dicen que sus requerimientos han sido atendidos. Las que reivindican que se tome en cuenta la población como criterio de reparto -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Madrid- creen tener una respuesta afirmativa; a las que esgrimen la dispersión de sus habitantes o el envejecimiento -Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria- también se les ha prometido que serán tenidas en cuenta.