La verdad sobre la intoxicación en la ría de Vigo

Europa sirve para un roto y para un descosido, sobre todo para los políticos. Si hay que inaugurar obras pagadas con dinero europeo, no hay quien los aparte de la foto. Pero si la UE los pone en evidencia por incumplir las leyes, entonces esconden la mano. No importa de qué partido sean: si se trata de confundir a la opinión pública, hay barra libre de mentiras, por burdas que estas sean.

En Vigo, y sobre los procedimientos por el estado de las aguas de su ría, hay desde hace años un buen ejemplo de ese envenenamiento político y mediático, renovado tras la vista que celebró esta semana la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a solicitud de tres asociaciones ciudadanas locales. Según los intoxicadores, Bruselas habría amenazado con recuperar una multa de 20 millones de euros que, en su versión, habría perdonado a España a cambio de garantizar el saneamiento de la ría.

Mentira. La Comisión Europea jamás impuso multa alguna, ni mucho menos la cuantificó en esa cifra. Además, el expediente que dio lugar a aquel bulo está archivado. No hay multa, ni amenaza de multa. Pero todo tiene su explicación.

Expediente

En diciembre del 2003, y tras un largo expediente, la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia porque la contaminación de la ría infringía la directiva sobre aguas para la cría de moluscos. Bruselas ganó el caso, y en el 2005, el Tribunal condenó a España (sin multa) y la instó cumplir la ley. Como no lo hizo, Bruselas abrió un nuevo expediente y amenazó con volver ante la Justicia.

Fue entonces, con el bipartito en el poder, cuando la Xunta encargó una evaluación interna que, basándose en la jurisprudencia europea, advirtió de que un nuevo fallo condenatorio podría incluir una sanción. Fueron los técnicos gallegos, y no los jueces europeos, quienes calcularon que podría llegar a 20 millones.

Con ese amenazante argumento en la mano, la Xunta de Galicia logró conciliar los muchos intereses administrativos y sociales que están implicados, y pactó la elaboración de un plan integral de saneamiento que acabó convenciendo a Bruselas. Está en la hemeroteca: la Comisión archivó el expediente en el año 2007.

Lo que sigue abierto, y de lo que se habló en la Eurocámara, es otro procedimiento que ha sido incoado contra España por no haber instalado en el plazo establecido depuradoras y colectores en varios centenares de núcleos de población de todo el país, como exige la directiva de aguas residuales. Pero ni esa norma prevé la aplicación de multas, ni la Comisión tampoco ha amenazado con ellas.

Los municipios que cuentan con más de 15.000 habitantes, como es el caso de Vigo, disponían de un plazo que terminaba en el año 2000 para poder cumplir con la citada directiva.

Y desde entonces PP, BNG y PSOE se han sucedido al frente de gobiernos tanto en la Xunta como en el Concello sin que ninguno haya puesto fin al incumplimiento de la ley. Tampoco deberían tener éxito si pretenden seguir intoxicando a los vigueses.