El fiscal se opone a la anulación de las escuchas a Escribano

El fiscal del caso Arena se opone a la anulación de las escuchas telefónicas que amparan la causa judicial contra el exdiputado del PP Javier Escribano, imputado por un juez de Ferrol por un delito de cohecho impropio y otro de tráfico de influencias.

Junto a Escribano permanece imputado el empresario de áridos de Pontedeume Fermín Duarte. Según la policía, Duarte le habría regalado a Escribano un Porsche para que hablase con conocidos en la Xunta y le permitiesen comercializar unos áridos asfálticos procedentes de Holanda, de los que 400.000 toneladas permanecen en el puerto exterior de Ferrol.

La estrategia de los abogados del exdiputado se orienta, como ocurre habitualmente cuando la prueba principal son escuchas telefónicas, a la anulación de las grabaciones. Y por ello han dirigido ya varios escritos en ese sentido al magistrado Morán Llordén, juez instructor del caso. Sostienen que la decisión del propio juez, al ordenar a la policía estas escuchas, carecía de cobertura legal. Además, insisten en que Escribano cuenta con toda la documentación en regla de la compra del Porsche, que ha vendido a un comprador de Almería.

El juez deberá resolver ahora sobre el asunto de las escuchas. Lo habitual es que si su decisión es contraria a la petición, los letrados acudan a la Audiencia, en recurso de alzada.

Las diligencias judiciales tienen ahora tres frentes, como son los áridos que comercializaba Manmer, el cohecho por el asunto del Porsche y las supuestas filtraciones porque, según la policía, Escribano fue advertido de que su teléfono estaba intervenido, lo que frustró parte de la investigación de los agentes.

El dilema de las escuchas

La falta de una ley clara sobre las escuchas telefónicas permite que las grandes batallas de los narcotraficantes, como también se ha visto en el caso Gürtel, se entable sobre su legalidad, aunque siempre han de ser realizadas con permiso judicial. El fiscal jefe de Ferrol, Román Ruiz Alarcón, recordó ayer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha exigido a los Estados miembros de la UE una regulación detallada.

Ocurre que en el proceso penal en España sobre esta materia aparecen «numerosas lagunas», según explica Ruiz Alarcón. Porque solo aparece una regulación específica de escasamente cuatro líneas, expresada en en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El resto, siempre referido a la situación en España, se fundamenta en una extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta situación sería la normal en el Reino Unido, pero no en la tradición continental en la que se inscribe España.

Por eso, el fiscal jefe Alarcón ha solicitado una nueva legislación, pero eso conllevaría la realización de cambios tan importantes como que la instrucción de causas judiciales pasase al Ministerio Fiscal. Algo muy lejano todavía en España.