Baltar ofrece los servicios jurídicos de la Diputación a los afectados del Costa Concordia

El presidente de la diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha dicho esta mañana que pondrá los servicios jurídicos de la Institución provincial, a disposición de los cinco ourensanos afectados por el Costa Concordia, para que evalúen la situación actual en la que se encuentran.

El presidente del organismo provincial hizo estas declaraciones después de reunirse esta mañana con los cinco afectados por el naufragio del crucero hace casi un mes y medio después, ante la «falta de apoyo institucional», según le comunicaron los supervivientes ourensanos, señaló.

«Estamos hablando de cinco ourensanos, - diez gallegos- que durante todo este tiempo no han recibido ninguna llamada, ningún gesto de apoyo, ninguna solicitud relativa a cierto interés por cuál era la situación, transcurrido un mes desde que volvieron a Ourense», criticó Baltar.

La Diputación provincial ofrecerá ayuda jurídica a los afectados, una familia de Cea y otra pareja de Celanova, y realizarán además las gestiones políticas oportunas para trasladar esta situación tanto al Gobierno central como autonómico.

Según advierte uno de los afectados, Alejandro Mínguez, «esto no fue un accidente, un golpe de mar y una tormenta», en relación a lo ocurrido frente a la costa de Giglio, sino «culpa de alguien», por lo que tendrá que cargar con las responsabilidades.

Este afectado, al igual que el resto de ourensanos, no descarta iniciar los trámites para abrir un proceso judicial contra la naviera, y rechazar así la indemnización que ofrece la empresa en la actualidad de 15.000 euros por pasajero, al entender que «hubo negligencia que casi nos cuesta la vida».

Este superviviente lamentó la «desorganización» de los afectados para realizar este proceso de manera conjunta, junto a la falta de apoyo institucional, una «queja común» que hizo extensible al resto de pasajeros: «Estamos solos», apuntó.

La compañía naviera, que daba hasta ayer de plazo para cobrar las indemnizaciones, prorrogaba este proceso otros 45 días, por lo que los afectados tendrán hasta el próximo 31 de marzo para acogerse a la indemnización voluntaria.