Los tribunales dan la razón a 8 controladores de Lavacolla en su conflicto con Aena

Nada menos que ocho sentencias han dado la razón a los controladores de Lavacolla por el conflicto que mantuvieron con Aena cuando en noviembre del 2010 se negaron a cumplir las órdenes del ente aéreo estatal que pretendían obligar a un mismo trabajador a atender las tareas de control de la torre y de aproximación.

En los ocho casos de otros tantos controladores, los juzgados de lo social han fallado a favor de los empleados revocando las sanciones que les impuso Aena por negarse a ejercer sus funciones en esas condiciones. Las sentencias consideran que ambas tareas no son compatibles de manera simultánea y que se mermaría no solo la calidad del servicio, sino también las condiciones de seguridad.

Una de las sentencias del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago destaca que, pese a que el documento de configuración de capacidades de Lavacolla sí admitiera realizar ambas funciones a la vez «es claro que el mismo se halla supeditado al Reglamento de Navegación Aérea y este, en contra de lo pretendido por la Abogacía del Estado, no contempla la obligación de prestar el servicio de control de aeródromo conjuntamente con el de aproximación y ruta desde una única posición de control».

El sindicato USCA de controladores asegura que el motivo por el que Aena pretendía unificar ambas funciones estaba provocado porque la mayoría de los trabajadores estaban a punto de superar legalmente la jornada máxima permitida, «lo que impediría la apertura de los aeropuertos gallegos, como así ocurrió días después», explican.

Las sentencias inciden en que la pretensión de Aena habría tenido consecuencias en la seguridad aérea y que, en caso de accidente, los responsables habrían sido los controladores, de ahí su negativa a prestar el servicio en esas circunstancias.

Estas sentencias de la vía social han sido aportadas por los controladores al procedimiento judicial que se instruye en los juzgados de Santiago contra los ocho controladores de Lavacolla que se negaron a trabajar en el 2010. Declararán como imputados el lunes y el martes, aunque por el momento afirman que desconocen el delito del que se les acusa.