Los Martínez Núñez ofrecen fincas como aval para evitar la prisión

Los hijos del empresario leonés José Martínez Núñez, detenidos en el marco de la operación Caballo de Troya, han ofrecido al Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago propiedades inmobiliarias como aval de la fianza de un millón de euros que cada uno debe hacer efectiva esta semana para evitar su ingreso en prisión preventiva.

José Luis y María Isabel Martínez Parra no han sido capaces de reunir el millón de euros en efectivo, pero la ley les permite ofrecer a cambio propiedades inmobiliarias por el doble del valor de la fianza solicitada. Esa es la opción por la que han optado los hijos de Martínez Núñez, empresario muy conocido en Galicia porque en el 2000 fue investigado por un presunto complot para asesinar al por entonces conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuíña, ya fallecido.

Las propiedades que cada uno de los hermanos han presentado tienen un valor declarado de más de dos millones de euros. El juzgado compostelano tiene ahora que comprobar que tanto el origen, como la propiedad y el valor real están en regla, pero todo apunta a que José Luis y Maribel Martínez Parra podrán evitar su ingreso en prisión.

Ambos fueron detenidos junto a otras trece personas por la trama que investiga el juez de Santiago José Antonio Vázquez Taín, y que presuntamente se dedicaba a descapitalizar empresas del grupo Martínez Núñez con el objetivo de desviar sus activos y evitar así que los proveedores y trabajadores pudieran cobrar cuando se presentase el concurso de acreedores.

Los hoteles gallegos

En el centro de la actuación se encuentran los tres establecimientos hoteleros que la familia leonesa tiene en Galicia, concretamente en Santiago, Lugo y Ourense. Cada uno de ellos fue vendido por cantidades simbólicas, de no más de dos euros, al empresario valenciano Ángel de Cabo, apodado el Liquidador porque su especialidad es comprar firmas en crisis, despiezarlas y hacer negocio con su cierre definitivo.

De Cabo es otro de los detenidos en la operación Caballo de Troya, aunque no hizo falta su arresto físico porque ya estaba en prisión preventiva por no poder hacer frente a los 50 millones de euros de fianza que le impuso el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, tras su detención por la operación Crucero, en la que está imputado por acusaciones idénticas, ya que presuntamente puso a salvo el patrimonio del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al comprarle la agencia de viajes Marsans.

De Cabo fue trasladado ayer desde la prisión de Teixeiro hasta los juzgados de Santiago y prestó declaración ante Taín, que lo ha imputado por los delitos de insolvencias punibles, falsedad documental, alzamiento de bienes y delito fiscal, los mismos que se le atribuyen al resto de los detenidos en la operación. Pese a que el Liquidador negó todas las acusaciones y descargó responsabilidades sobre otros de los detenidos, tras su declaración judicial los investigadores del caso siguen convencidos de que Ángel de Cabo era el cerebro de la trama «o como poco uno de los cerebros», apuntan fuentes policiales.

El Liquidador, que negó todas las acusaciones, aparece como el cerebro de la trama