El juez ve «anómala» la cita de Blanco con Dorribo en la gasolinera

El juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano ha asestado un golpe a las expectativas del exministro de Fomento José Blanco de desprenderse de la causa que por tráfico de influencias lo mantiene como imputado en el caso Campeón desde el 2011. El magistrado instructor rechaza de plano las últimas alegaciones que la defensa del político gallego presentó para tratar de evitar tanto la toma en consideración de las investigaciones sobre su patrimonio y el de su mujer, como para anular la transcripción de diversas grabaciones telefónicas realizadas en el marco del caso Campeón que se sigue en la Audiencia de Lugo.

Pero las malas noticias para Blanco no vienen de la mano del rechazo a las peticiones de su defensa, sino sobre todo por las argumentaciones que el magistrado aporta en sus dos nuevos autos emitidos hace un mes y dados a conocer ayer, en los que deja entrever su posible predisposición a decidir la apertura de juicio oral contra el exministro.

En concreto, el juez arroja sus dudas sobre dos de las cuestiones que más daño han hecho al ex número dos de los socialistas: la cita que mantuvo Blanco en la gasolinera de Guitiriz con el empresario Jorge Dorribo y la compra y posterior reforma de su vivienda en Las Rozas.

José Ramón Soriano indica a las partes que no se puede descartar como posible el supuesto pago de 200.000 euros que Dorribo dijo haberle hecho en el área de servicio lucense al primo del entonces ministro de Fomento. Mientras la defensa del político gallego considera probada por las aportaciones de diversos testigos que dicho dinero fue destinado por Dorribo a cubrir las deudas de una farmacia de Andorra, el juez indica que «una cosa es que existan datos en la causa que apunten en esa dirección exculpatoria, y otra muy distinta despejar la existencia de todo elemento inculpatorio».

Testimonio de Dorribo

Pese a que el fiscal no había añadido la acusación de cohecho a sus conclusiones sobre Blanco, circunscribiendo la causa al posible delito de tráfico de influencias y, en su caso, al de prevaricación, el juez apunta que aún se debe avanzar más para dar credibilidad o descartar las acusaciones del empresario lucense.

«No cabe pasar por alto que las imprecisiones del denunciante señor Dorribo no indican que todo lo declarado por este sea falso». Y para mantener el foco sobre el encuentro entre el empresario y el político, el juez de la Sala de lo Penal del Supremo añade que a las acusaciones del primero «se une la anomalía de la parada del señor ministro en el área de servicio de la gasolinera de Guitiriz para recoger al señor Dorribo y también en alguna conversación telefónica de un tercero con Dorribo que le preguntó cuánto le ha pedido», relata el instructor.

Sin pruebas de delito

Eso sí, además de sus dudas el mismo juez apunta que «no hemos de olvidar que precisamente la ausencia de datos incriminatorios, después de una exhaustiva investigación, está favoreciendo la posición del recurrente».

Las sospechas del magistrado reaparecen de nuevo en los autos dados ayer a conocer a la hora de justificar la investigación de las cuentas bancarias de Blanco y de su mujer, así como los detalles de la compra de la vivienda de ambos y el pago de las posteriores reformas.

Esas investigaciones, que ya se llevaron a cabo a finales de febrero, son para el instructor pruebas necesarias para agotar todas las posibilidades de esclarecimiento ante un posible cohecho. «En la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado en alguna medida se la debía a su amigo Orozco, según conversaciones telefónicas, atribuidas a este último, no negadas, lo que da pie a investigar si existían recursos económicos que no procedieron de sueldos, percepciones o ingresos legítimos», escribe el juez.

Negativa de Orozco

Pese a dicha aseveración, el entonces vicepresidente de Azkar y amigo de Blanco, José Antonio Orozco, negó en su declaración ante el Supremo haber pagado la casa del ministro o haberle entregado dinero. Para discernir esa cuestión el juez considera que no se vulnera ningún derecho al investigar las cuentas bancarias de la mujer del político gallego, dado el régimen de gananciales de la pareja y que las requeridas tenían a ambos como titulares.

José Blanco eludió ayer valorar el sentido de los dos autos, pero en todo caso desde su entorno se aseguró que en los próximos días su defensa presentará un recurso de apelación ante la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.