El juez imputará a los tres últimos presidentes del ADIF en el caso Alvia

Por anunciada y esperada, la imputación por el trágico descarrilamiento de tren de Angrois, en Santiago, de cinco responsables de la seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) no cogió ayer a nadie por sorpresa. Lo que nadie esperaba es que el juez que investiga el caso, Luis Aláez Legerén, ampliase esa imputación a los consejos de administración de la empresa pública. Una decisión que justifica en su nuevo auto señalando que «las muertes y lesiones ocasionadas por el descarrilamiento del tren Alvia 150 ocurrido el 24 de julio del 2013 en la curva de A Grandeira son imputables objetivamente a todos ellos, pues todos -directivos y técnicos- han tenido un dominio real sobre la fuente del peligro. Y de ahí que todos hayan de ser considerados potenciales autores del sobredicho delito imprudente».

Las nuevas imputaciones afectarán no solo al actual presidente del ADIF, Gonzalo Ferre Moltó, sino a los que le precedieron desde la entrada en servicio del tren de alta velocidad entre Santiago y Ourense, en diciembre del 2011. Por tanto, también serán imputados dos expresidentes de la entidad. Se trata de Enrique Verdeguer Puig, que ocupó el cargo desde la llegada del PP a la Moncloa y hasta su dimisión en enero de este año, y de Antonio González Marín, que fue el último responsable del ADIF del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero el juez Aláez no se ha detenido ahí. También citará a declarar en calidad de imputados a todas las personas que han formado parte como vocales de los consejos de administración del ADIF desde que entró en servicio la línea de alta velocidad Santiago-Ourense.

El magistrado admite que tanto los presidentes como los miembros de los consejos de administración delegaron en los técnicos la vigilancia de las medidas de seguridad del tramo, pero estima que «la delegación solo exonera de responsabilidad cuando se haya hecho en personas capacitadas [...], es decir, cuando el consejo de administración del ADIF haya elegido a las personas idóneas y, además, les haya proporcionado los medios necesarios que le hayan exigido o indicado para la ejecución de su cometido con el fin de garantizar la seguridad».

Además, también considera que la cúpula del ADIF podría ser responsable del presunto delito de imprudencia si los responsables de seguridad no hubiesen realizado correctamente su trabajo y aún así no hubiesen actuado para garantizar que se tomaban las precauciones necesarias para evitar un accidente como el que finalmente ocurrió.

Esos cinco responsables de seguridad en el tramo Santiago-Ourense de alta velocidad que también han sido imputados por el juez Aláez son el director de Seguridad en la Circulación, Manuel Besteiro Galindo; el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando Rebón Sartal; el jefe de Inspección de la Gerencia del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, José Antonio García Díez, y los inspectores de esta jefatura, Carlos A.G. y Roberto S.A.

Besteiro Galindo y Rebón Sartal han sido llamados para declarar en el Juzgado número 3 de Santiago el 18 de este mes, mientras que los otros tres cargos de seguridad del ADIF imputados lo harán al día siguiente.