El BNG acusa al PP de actuar como la Legión Cóndor contra la sanidad

El Parlamento gallego aprobó hoy, solo con los votos del grupo del PP, la Lei de Garantías de Prestación Sanitarias al término de un tenso debate en el que toda la oposición hizo piña para denunciar el avance hacia la progresiva «privatización» del sistema y en el que la diputada del BNG, Montse Prado, llegó incluso a acusar a los populares de comportarse como la Legión Cóndor contra los ciudadanos y la sanidad pública.

«Actúan como a Lexión Cóndor contra a cidadanía», dijo Prado, comparando al PP con la fuerza aérea que el régimen del III Reich le envió a España para bombardear Guernika en 1937 y ayudarle a Franco a ganar la guerra civil española. La alusión irritó de forma notaria al PP. Su portavoz, Pedro Puy, protestó por la alusión, mientras Pilar Rojo, la presidenta de la Cámara, retiró la comparación del diario de sesiones, ante la negativa de los nacionalistas a excusarse.

Es más, la diputada Eva Solla, del grupo AGE, le echó un capote al BNG, dando por buena la equiparación del PP con los bombarderos nazis y cargando en su turno contra el Gobierno gallego por utilizar «armamento de destrucción masiva» contra la población y el sistema público de salud.

El debate final del pleno del Parlamento solo sirvió para poner de relieve las enormes diferencias que mantienen Gobierno y oposición ante lo que consideran el principal proyecto legislativo de la legislatura, como es la ley que regular los tiempos máximos de espera la atención sanitaria y consagra aspectos como el derecho de todo paciente a recibir una segunda opinión médica, así como la libre elección de hospital, de médico de familia, de pediatra o de personal de enfermería.

La nueva norma fija un plazo máximo de espera de 60 días para las intervenciones quirúrgicas y de 45 días para las consultas externas y pruebas diagnósticas. Todos los grupos de la oposición, con el PSdeG a la cabeza, subrayaron que con esta fórmula el PP se avanza en la privatización del sistema, pues los tiempos de espera y los derechos que consagra la ley se cumplir indiferentemente en el sistema público o en el privado, lo que para la socialista Carmen Acuña es una forma de reparte el presupuesto público de la Xunta con los centros concertados o privados.

El PP, por su parte, se defendió de las críticas arguyendo que la ley consagra la atención en función de las prioridades del paciente, pero teniendo siempre como referencia los plazos máximos estipulados, lo que en opinión de Miguel Santalices provocará que a partir del 1 de enero del 2014, con la entrada en vigor de la nueva normativa, «as listas de espera pasarán a un segundo plano».