La operación Pikachu se estanca entre juicios de faltas en Lugo

El proverbial colapso de la Justicia española ha atascado la hasta ahora rápida marcha de la operación Pikachu, la rama coruñesa de la Pokémon. La magistrada instructora Pilar de Lara firmó ayer una providencia en la que ordena suspender las declaraciones de imputados de hoy y mañana, cuando iban a pasar por los juzgados de Lugo los concejales Julio Flores (PP) y José Nogueira (PSOE), la asesora del departamento municipal de Cultura Dulce Rodríguez y las funcionarias Susana García y Gloria Crespo, jefas de servicio de Cultura y Contratación. 

Las comparecencias, para las que la magistrada todavía debe fijar una nueva fecha, coincidían con «otras declaraciones (día 9 de enero del 2014) y juicios de faltas (día 10 de enero)». Esos procedimientos iban a ser desarrollados, y habían sido fijados, por la jueza de refuerzo que había sido enviada al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo con el fin de apoyar a De Lara. Sin embargo, se vio obligada a abandonar ese puesto el pasado 1 de enero, al final del plazo de seis meses marcado por el Consejo General del Poder Judicial.

La jueza de refuerzo todavía puede ser renovada por el Consejo, como ha ocurrido con el funcionario enviado para apoyar al secretario judicial, pero mientras no se adopte una decisión De Lara tendrá que hacerse cargo de las guardias, los juicios ordinarios y los asuntos de a diario, además de la Pokémon, la Pikachu y otras operaciones.

Por el momento la falta de un refuerzo ya ha causado el primer parón en una investigación que avanzaba a gran velocidad desde que saltó a la luz pública. Ocurrió el 3 de diciembre, cuando agentes de Aduanas registraron el Ayuntamiento de A Coruña en busca de varios contratos con empresas del grupo Vendex (supuesto beneficiario de una trama de adjudicaciones presuntamente irregulares), y de ordenadores de cinco funcionarios, dos ediles y dos asesores del gobierno local. Todos están ahora llamados a declarar excepto una funcionaria del departamento de Movilidad. 

Las primeras imputaciones fueron entregadas el sábado 21 de diciembre a Mónica Iglesias, directora de Museos Científicos Coruñeses; Manuel Miramontes, técnico de ese departamento; Francisco Franco del Amo, director de la Casa de los Peces, y Ana Castro, administradora del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). Ese día también se citó al menos a una funcionaria de Contratación para que declarase en calidad de testigo. 

Solo cinco días más tarde, el 26 de diciembre, se produjo una segunda tanda de imputaciones en la que figuraban las cinco personas ya citadas a las que afecta el retraso en las comparecencias, otra funcionaria del IMCE, Ana Canosa; un funcionario de Deportes ya jubilado, Eduardo Aceña, y el asesor personal del teniente de alcalde Julio Flores, Juan Carlos Boga. 

La jueza De Lara les imputa una serie de delitos económicos similares al de los otros 88 implicados en la operación Pokémon. En el caso concreto de A Coruña, la investigación también se dirige al posible enchufe de amigos y familiares en diversos servicios municipales.