La reforma de Gallardón reaviva las fricciones Xunta-Gobierno

Trébol de ministros. Primero fue Soria; luego, Montoro; y ahora, Gallardón. Como la energética y la local, ambas aprobadas en el 2013, la reforma judicial, esta aún en fase de anteproyecto, obvia «reivindicacións fundamentais» de la Xunta. De modo que ha contribuido a reactivar las fricciones entre el Gobierno autónomo y el central, que ambos intentan disimular, pero haberlas haylas. En este último caso, en el de la ley que implicaría la desaparición de 41 de los 45 partidos judiciales de la comunidad, el Gabinete Feijoo planea actuar de un modo similar al que procedió cuando los recortes en los ayuntamientos en favor de las diputaciones. Esto es: defensa de las «especificidades» gallegas, crítica pública parcial al texto, manifestación de confianza en que cambie durante su tramitación parlamentaria y, en último caso, «adaptación» de la norma general, vía legislación autonómica.

La Xunta, según fuentes del Ejecutivo, no se opone a que el ministro de Justicia reorganice el ámbito de su competencia, pero sí a que lo haga de la manera en que pretende, como elefante entrando en cacharrería. De hecho, en ese nivel de comprensión, ya ha trazado ciertas líneas rojas. Por ejemplo, exige que la comunidad, dadas sus «peculiaridades», cuente con siete tribunales de instancia y no con cuatro, al contrario de lo que persigue Madrid. Es decir, aspira a conservar uno por ciudad, no uno por provincia, salvando de la quema las plazas de Vigo, Santiago y Ferrol.

Además, el Gobierno gallego defenderá ante Rajoy la creación de sedes desplazadas en aquellos lugares donde, siendo hoy cabecera de un partido judicial, «se xustifique esta categoría en atención aos criterios que se recollen no anteproxecto de lei». Podrían caber ahí, entre otros, Betanzos, Ribeira y Vilagarcía, con más de 7.000 asuntos despachados cada año.

Todas estas demandas, algunas coincidentes con las de jueces, abogados -el colegio provincial de A Coruña, por cierto, decidió presentar mociones en toda la provincia para conseguir el rechazo de las corporaciones a la ley- y fiscales, las prevé exponer la Xunta tanto en negociación privada bilateral, a través de informe con enmiendas, como, llegado el caso, en el Congreso y el Senado, durante la discusión de la normativa.