El PP de Santiago ante su Rubicón

No hay vuelta atrás. Siete concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Santiago cruzarán mañana las puertas de los tribunales para someterse a juicio por su decisión de aprobar en una Xunta de Goberno el pago con dinero público de la defensa legal de otro compañero de corporación implicado en la operación Pokémon. Están acusados de prevaricación y la fiscala pide para cada uno de ellos nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público. Hasta los juzgados de Fontiñas llegarán previsiblemente arropados por el alcalde Ángel Currás, que los acompañará de cuerpo presente; pero de forma figurada también lo hará el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que como líder del PP gallego les dio su apoyo público en reiteradas ocasiones y evitó tomar cualquier tipo medida disciplinaria o dar un golpe de efecto político. Ambos mandatarios se quedarán en la orilla de este turbio Rubicón esperando noticias de una batalla judicial que, técnicamente, augura una procelosa dialéctica administrativa, pero que tendrá una repercusión política de dimensiones desconocidas en la política municipal gallega ante todo lo que no sea la libre absolución de los acusados.

Aunque es muy probable que la sentencia se conozca después del próximo domingo 25, la imagen de siete concejales de la capital de Galicia sentados en el banquillo en plena semana electoral resulta una incómoda y poco comprensible «coincidencia» para el entorno del presidente, que se ha mojado en este caso hasta el punto de cuestionar el auto judicial.

El origen

Abogado a costa del Concello. Otras dos escenas tanto o más duras lastraban ya el relato popular en la abrupta travesía por el gobierno municipal de Santiago. La primera, la de su líder Conde Roa dimitiendo por fraude fiscal; y la segunda, la de los agentes del SVA registrando la sede del Concello en el marco de la operación Pokémon. A raíz de esta investigación, que también ha afectado al propio Currás, a la edila popular Rebeca Domínguez, y al socialista Bernardino Rama, el concejal Adrián Varela, imputado por soborno, prevaricación y falsedad documental, solicitó y consiguió el 30 de mayo del 2013 que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la minuta de su abogado. Varela argumentó entonces que la acusación era consecuencia de las funciones que ejerce en el Concello, y el secretario municipal informó favorablemente la petición. Unos días más tarde, La Voz de Galicia también dio cuenta de sus intenciones, y ante el revuelo social generado -«sobredimensionado», a juicio del edil- renunció a que las arcas municipales costeasen su defensa.

La imputación

Siete ediles y no nueve. El golpe más duro tardó meses en llegar. El 14 de octubre del año pasado la portavoz del gobierno local, María Pardo, admitía en una breve pero intensa intervención ante la prensa que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago había imputado a siete concejales del PP por prevaricación por un acuerdo que, si bien no se llegó a ejecutar por la renuncia de Varela, sí se adoptó ateniéndose supuestamente a un informe favorable del secretario del Concello. Así las cosas, el 19 de diciembre fueron llamados a declarar los siguientes concejales y miembros de la Xunta de Goberno: María Pardo, Cecilia Sierra, Luis García Bello, Amelia González, Francisco Noya, María Castelao y Juan de la Fuente. ¿Por qué siete concejales imputados y no nueve, que son los que están adscritos a la Xunta de Goberno? A aquella sesión de finales de mayo en la que se tomó una decisión «arbitraria» y «flagrantemente ilegal», según la fiscala que tramitó la denuncia de un particular, no acudieron ni Reyes Leis, presente en un acto de su área de gobierno, ni Currás, que aquella jornada solo tenía en la agenda un acto con un director de un colegio. Hasta el día de hoy no ha dado explicaciones sobre su ausencia.

El posible castigo

Hasta diez años, sin cárcel. El delito de prevaricación administrativa no conlleva penas de prisión, pero recoge la inhabilitación para empleo o cargo público de siete a diez años a la autoridad o funcionario que tome una decisión arbitraria a sabiendas de su injusticia. La fiscala pide nueve años a los ediles. Con uno que les cayera bastaría para hacer saltar por los aires el gobierno santiagués y obligaría a Feijoo a mojarse por fin aplicando medidas nunca vistas a este lado del Miño.