El PP desactiva el intento de prohibir nombramientos de ediles no electos

El Parlamento gallego abrió ayer el curso político hincándole el diente al primero de una serie de debates que albergará este otoño sobre el cambio de la legislación electoral que está impulsando el PP, tanto en Galicia como en Madrid, bien para reducir el número de diputados autonómicos, bien para convertir en alcaldes a los candidatos de la lista más votada. Ambas propuestas planearon ayer sobre el hemiciclo, pero el plato fuerte lo sirvió el BNG, al defender un cambio de la ley electoral encaminada a prohibir la existencia de concejales no electos en los concellos. El PP, que echó mano de siete ediles que no iban en la lista para renovar su Gobierno en Santiago, le cortó el paso a esta reforma sin contemplaciones.

La petición abanderada por los nacionalistas no puede entenderse sin tener en cuenta lo ocurrido en Santiago. De hecho, tanto el BNG como el PSdeG se sirvieron varias veces del artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para canalizar su presencia en los concellos mediante concejales no electos, como hicieron en Ribeira o Ames, solo por citar dos casos. Pero en Compostela entienden que se han rebasado los límites: «É unha infamia en termos democráticos», bramó la diputada Tereixa Paz (Bloque), tras incidir en que el PP tiene en Santiago más ediles no electos, siete, que los elegidos por los ciudadanos en la candidatura.

Las demás fuerzas de la oposición secundaron la posición del BNG, y coincidieron en resaltar que la opción de elegir ediles no electos fue pensada para un contexto muy determinado, como fue el de la violencia en el País Vasco, para facilitar que los partidos pudieran sustituir a sus concejales en los ayuntamientos en caso de sucesivas renuncias por presiones.

«Aillar aos terroristas»

«Naceu para aillar aos terroristas», insistió Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE, y valoró que no era trasladable a Santiago, salvo que el PP considere que su grupo «practicou o terrorismo» contra los ciudadanos por sucesivos casos de corrupción.

El socialista Francisco Caamaño compartió que el artículo 182.2 de la Loreg fue impulsado «para protexer a democracia fronte ao terrorismo», pero considera que en Santiago se hizo una interpretación amplia e «inxustificada», dijo, pues denunció también que al PP le gusta hacer «trampas ao solitario» para cambiar a su antojo la legislación electoral.

Desde el grupo mayoritario, Paula Prado se limitó a contener a la oposición colocándola ante el espejo, y recordando que también echaron mano de los concejales no electos en varios municipios. «Non sei se había situación de terror en Porriño, Ribeira e mesmo en Vilalba», le espetó la diputada del PP con sarcasmo al BNG, tras quejarse de que considere «perverso» el citado artículo de la Loreg solo cuando lo utilice el Partido Popular.

La Cámara gallega ni siquiera tiene capacidad para reformar la Loreg. El BNG solo intentaba enviar una propuesta al Congreso para reformar la ley, pero el voto de los populares se lo impidió.