Contas detectó 574 irregularidades en 70 cursos subvencionados en el 2010

El informe de fiscalización de los programas de formación para el empleo del 2010 que presentó ayer el Consello de Contas viene a constatar lo que algunos de los imputados en la operación Zeta reconocieron en los últimos días, que parte del dinero público destinado al fomento del empleo va a parar a la caja de la mayoría de las entidades adjudicatarias. Lo que aparece en ese informe sobre cómo gestionan las subvenciones para la formación algunas entidades y empresas es lo mismo que aparece en el sumario de la operación sobre cómo actuaban los imputados. Se habla de cursos sin alumnos, de contratación de empresas vinculadas, personas que estaban el mismo día y a la misma hora en cursos diferentes en distintos puntos de la geografía gallega, gastos de material desproporcionados, ayudas al transporte sin justificación alguna o talleres de coche que alquilan el negocio para dar cursos de cocina y hasta de buceo. Entre otras cosas que llamaron la atención de los encargados de elaborar un dictamen que descubrió hasta 574 irregularidades en los 70 cursos que analizaron y cuyos beneficiarios son empresas, sindicatos o fundaciones.

La institución con mayor volumen de anomalías fue, en el 2010, la Fundación Laboral Construcción, con 91 irregularidades (proveedores de empresas vinculadas, gastos sin relación con la materia del curso o con fechas distintas a las de las clases, sin lista de alumnos...). La Fundación Galega do Metal la sigue con 58 en un total de 7 cursos. O Forga, la fundación para la formación vinculada a la CIG, que en 5 cursos tuvo 32 anomalías (gastos que no se corresponden con el período de impartición o sin relación alguna con la actividad, alquiler de instalaciones al propio sindicato...).

La Confederación de Empresarios de Ourense es otra de las entidades más fiscalizadas y con mayor número de irregularidades detectadas, pues pudo haber cometido hasta 35 en tan solo cinco cursos. Y aparece también Gerardo Crespo, el principal imputado en la operación Zeta. El Consello de Contas encontró en uno de los cursos que impartió su firma Gecreri para auxiliares de prevención de incendios un total de 15 irregularidades. Y Fundefo, su fundación para la empleabilidad, fue alertada de 8 irregularidades en otro de sus cursos.

En el capítulo de conclusiones, el Consello de Contas ve «una elevada concertación de actividades formativas por algunos beneficiarios con entidades vinculadas, sin que conste, por lo general, la autorización del órgano de concesión de la ayuda ni tampoco el contraste con los precios de mercado a través de la petición de distintas ofertas -exigible según la normativa de subvenciones-, lo que supone riesgos de opacidad para determinar si los costes son reales o están sobrevalorados. De forma destacada, en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la práctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos, ahondando en esa opacidad, como sucede en el entorno de Gecreri (presenta hasta seis entidades distintas vinculadas) o en torno al grupo Academia Postal (cinco)».

Asimismo, «la contratación de la docencia con empresas externas constituye [...] un supuesto de subcontratación que la Orden de la convocatoria no permite en la formación de desempleados y que, sin embargo, se constata en un buen número de expedientes».

Por otro lado, «no parece adecuado que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas sean miembros de las comisiones que elaboran las propuestas de formación y, a su vez, los principales beneficiarios de las ayudas». Las cuentas justificativas de las entidades incluyen «siempre» gastos asociados, en determinados casos al límite del 20 % de los costes de la actividad formativa.

La justificación del gasto incurrido se acredita mediante una factura global de las entidades colaboradoras, «en todos los casos sin justificantes de gasto propiamente dichos que permitan verificar los costes reales».

En cuanto a los alumnos, el dictamen del Consello informa de que más de 4.000 realizaron más de una acción formativa en la convocatoria del 2010, «llegando en algún caso a participar en 14 cursos distintos en el mismo año. Existen al menos 270 alumnos que participan en cursos presenciales cuyos registros informáticos presentan coincidencias parciales de fechas y horarios».

En sus conclusiones el Consello critica a la Xunta porque tras detectar en el 2010 varias incidencias respecto a la carga de actividad subvencionada, explica, «no dieron lugar a medidas y actuaciones posteriores».