Traballo reclama a Crespo la devolución de una ayuda del 2013

La Consellería de Traballo e Benestar, según publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG), abrió expediente a una de las entidades de Gerardo Crespo, principal imputado en la operación Zeta, en el que le reclama la devolución de 11.920 euros por una subvención que le otorgaron el año pasado.

La Xunta intentó notificar la resolución en la sede que la entidad expedientada, la Asociación de Empleados Discapacitados (AED) tiene en A Coruña. Pero fue imposible, por lo que lo tuvo que publicar en el DOG y da un plazo de 15 días al responsable de la asociación para presentar las correspondientes alegaciones, «si lo considera oportuno».

La orden de la consellería llega después de que este departamento detectara una serie de irregularidades en la manera de gestionar una subvención que le fue otorgada durante el período en el que Crespo no es que estuviera ya investigado, sino además que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ya había ordenado el registro en sus empresas y entidades, que fue en junio del 2012.

Pero ya un año antes la Xunta le había concedido un total de 988.282 euros. Aparte de una pequeña ayuda de 3.000 euros de la Secretaría de Emigración para un proyecto de integración de inmigrantes. Y unos días después de que el grupo de delincuencia económica de la Policía entrara en las sedes de Gerardo Crespo, una de sus fundaciones fue requerida por Presidencia para completar su solicitud para un programa para mujeres.

Esas ayudas que antes le otorgaban a Gerardo Crespo fueron canceladas en cuanto se destapó la trama.

Depuración de centros

Por su parte, la Consellería de Traballo dio de baja en los últimos meses a nada menos que un centenar de centros de formación. La depuración se inició en el 2013, pero la Xunta niega que esta medida tenga algo que ver con la investigación de la operación Zeta.

La razón que aplica la consellería para haber dado de baja a tantos centros es porque la gran mayoría ya no funcionaban o que impartían cursos que ya estaban descatalogados por el Servicio Público de Empleo.

El decreto que establece qué centros de formación son aptos y cuáles no se remonta al 2011. Entonces, la consellería había dado dos años de plazo a todos los centros de formación para que actualizaran los requisitos que se exigían en aquel decreto. Algunos lo hicieron, pero otros muchos no, de ahí que ahora se haya tomado el acuerdo de descatalogarlos.