Guerra al orujo y al queso ilegal

Nueve días después de que la policía desarticulase una red que comercializaba en Galicia aguardiente procedente de Portugal sin control sanitario ni fiscal, se incautase en la misma operación de 65.000 litros de material y detuviese a 15 personas, la Xunta reaccionó ayer declarando la guerra, entre otros, al chupito da casa. «En breve», lanzará una ofensiva para perseguir en toda la comunidad la venta y distribución de licores de alta graduación sin etiquetar, cuya ilegalidad refrendó la pasada primavera el Gobierno central emitiendo un decreto que actualizaba prescripciones redactadas en 1982.

A la conclusión de la reunión semanal de su Gabinete, previa aprobación de un informe, el jefe del Ejecutivo autónomo avanzó la puesta en marcha de medidas extraordinarias contra la circulación de cuatro clases de productos no identificados preceptivamente: quesos, mieles, vinos y bebidas espirituosas. En su comparecencia, Alberto Núñez Feijoo eludió hablar tanto de plazos como de magnitudes. ¿Por qué? Porque esas cosas, las fechas y la dimensión del esfuerzo, se encargará de fijarlas la Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria, un nuevo organismo que quedará constituido «en datas próximas», según fuentes de la Administración.

Sí adelantó el dirigente popular que en esta iniciativa se van a implicar activamente hasta seis departamentos de la Xunta: la Axencia de Turismo de Galicia, por aquello de la imagen que proyecta el sector servicios, más la Consellería de Medio Rural e do Mar, la de Economía e Industria, la de Sanidade y la de Presidencia, amén del Instituto Galego de Consumo. Entre otras cosas, habrán de ponerse de acuerdo, también con los ayuntamientos, para realizar inspecciones masivas en ferias, mercados, furanchos, establecimientos de comercio minorista y, en general, todo tipo de negocios hosteleros.

Nada de rellenar botellas

Además, la Xunta difundirá publicidad para informar a productores y clientes sobre la normativa del etiquetaje, realizará visitas a lugares donde se elaboran lácteos tradicionales, advertirá específicamente de la prohibición de rellenar botellas de alcohol y pondrá sus medios de seguimiento a disposición de los concellos. Igualmente, prestará apoyo institucional a aquellas fiestas y reuniones gastronómicas «nas que se respecte a legalidade e a produción agroalimentaria que se pretende exaltar estea convenientemente identificada». Por último, proyecta crear un portal web de interlocución con todos los consejos reguladores. A través de dicha aplicación, estos podrán presentar reclamaciones contra la competencia desleal.

«Estamos ante unha cuestión non menor -arguyó el presidente en su intervención- e temos que protexernos, porque os únicos prexudicados son os que cumpren as leis da agroindustria». Preguntado sobre si estas acciones no acabarán con el negocio de quienes colocan en plazas de abastos productos caseros para subsistir, aclaró que no se trata tanto de ir contra ese perfil de infractor como contra otro. «Evidentemente, o que máis preocupa é o que delinque con maior impacto económico e social, as grandes manipulacións».