Guerra de cifras por el caso Zeta

El PP y el PSdeG protagonizaron ayer su particular versión del «y tú más», al lanzarse a una guerra de cifras por las ayudas que cada uno concedió desde la Xunta a las empresas de Gerardo Crespo, investigado por organizar cursos de formación ficticios para desempleados y personas discapacitadas. Si la Consellería de Traballo mostraba sus datos hace unos días, resaltando que Crespo había captado un tercio más de subvenciones con el Gobierno de Touriño que con el de Feijoo, los socialistas se armaron ayer con la documentación del Diario Oficial de Galicia (DOG) para darle la vuelta a la tortilla y acusar al PP de imputarle a ellos ayudas que en realidad aprobó en el 2005 el Ejecutivo en funciones de Manuel Fraga.

La número dos del PSdeG, Pilar Cancela, que a la sazón fue directora xeral de Relacións Laborais con el Gobierno bipartito, hizo públicas ayer sus propias cifras. Y lo primero que salta a la vista es que los socialistas reducen el volumen de fondos públicos entregados al entramado societario de Crespo de los 4,63 millones de euros que le atribuye la Administración de Feijoo, a los casi 3,8 millones que -sostiene Cancela- que se le concedieron realmente entre agosto del 2005 y abril del 2009.

Y del otro lado, los socialistas elevan de manera sustancial la cuantía de las ayudas libradas por la Xunta del PP a Azetanet y otras empresas de Crespo. De hecho, discuten que la cifra sera realmente los 3,15 millones de euros, como constató recientemente la Consellería de Traballo, ya que la elevan a un total de 5,13 millones. El resultado es que, entiende el PSdeG, el PP le dio a Gerardo Crespo 1,3 millones de euros más en ayudas que la coalición de Gobierno formada por PSOE y BNG bajo la presidencia de Touriño.

Adjudicaciones de Fraga

¿Y dónde está la discrepancia? Pues, según Pilar Cancela, el lío reside en que los populares cargaron en su saco subvenciones que en realidad fueron adjudicadas por el Gobierno en funciones de Fraga (217.546 euros) o que responden ampliaciones hechas por el PP en el 2009 de órdenes de ayudas que dejó aprobadas el bipartito (629.600 euros).

La jefa del aparato socialista consideró oportuno poner sus propios datos sobre la mesa, advirtiendo que «non imos permitir» que el presidente de la Xunta y la responsable de Traballo usen en un asunto tan grave la única estrategia que, según ella, conocen: «Escudarse no bipartito con mentiras e manipulacións para non gobernar nin render contas».

Puso de relieve también que, en el presunto fraude de los cursos de formación, la Justicia no está investigando qué Administración fue la que concedió más ayudas a las empresas de Crespo, sino que se intenta aclarar «a posible financiación ilegal do PP de Galicia a través dunha trama». Por esa razón, la dirigente socialista exigió al PP una «desculpa pública» y una «rectificación inmediata» por aportar, en su opinión, cifras manipuladas y «mentir» en sede parlamentaria.

Información «verdadeira»

Pero tal rectificación no se va a producir. Lo dejó ayer claro el vicepresidente de la Xunta y secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, quien en declaraciones a los periodistas puntualizó que el presidente «en ningún caso mentiu en sede parlamentaria», porque sus afirmaciones siempre son «axeitadas, correctas y verdadeiras», y atribuyó los datos aportados por Cancela al «nerviosismo» que muestra el PSOE con este asunto. Además, reiteró que las cifras elevadas a la Cámara son las correctas, es decir, que el bipartito concedió a Crespo 4,63 millones de euros, un 33 % más que el PP.

También la Consellería de Traballo entró ayer en la guerra de cifras abierta por el fraude en los cursos de formación. Desde el departamento que preside Beatriz Mato reiteran que las empresas vinculadas a Gerardo Crespo obtuvieron 1,2 millones de euros en el año 2009, de los cuales el PSdeG se desvincula de 629.000 euros, argumento que corresponde a ampliaciones de órdenes de ayudas hechas por Feijoo una vez llegado a la presidencia de la Xunta.

No obstante, Traballo argumenta que «en ningún caso las resoluciones» de las ayudas se puede desvincular «de la valoración realizada por la comisión» técnica encargada de ello. Y dicha comisión, apuntan desde la consellería, emitió su dictamen en el mes de marzo del 2009, con el Gobierno de Touriño en funciones, de ahí que las ayudas se las impute al bipartito.