La transparencia, según los gallegos

Dentro de su estrategia en pro de la «rexeneración democrática», el Consello de la Xunta planea aprobar el próximo jueves el anteproyecto de la nueva ley de transparencia de Galicia, que «superará» a la actual autonómica, de junio del 2006, y «desenvolverá e incrementará as esixencias» de la estatal, la cual data de diciembre del 2013. Todavía desconoce cuántas exactamente, pero el Ejecutivo incluirá en ese texto ideas remitidas por la ciudadanía a través de un buzón digital que permaneció operativo en su web institucional del 5 de febrero al 4 de marzo. La lectura de dichas propuestas permite intuir qué esperan los gallegos de la futura norma. Y es, mayormente, saber; saberlo todo, o casi: desde qué hace cada parlamentario diariamente hasta cuánto cobran los asesores de Feijoo.

A lo largo de un mes, 35 personas y colectivos enviaron por vía electrónica al Gobierno sendas supuestas sugerencias de articulado para la ley en ciernes, si bien media docena de ellas no pueden considerarse como tal en realidad. Se trata más bien de quejas y planteamientos no relacionados directamente con el objeto de la consulta popular: «Que deixe de existir o enchufismo», «que se adique máis orzamento a investigación», «¿Por qué se paga aquí impuesto de sucesiones y transmisiones y en otras comunidades no?», «aclaren si nos vamos a poder manifestar sin miedo a represalias», «todo cargo debe devolver lo defraudado y responder con sus propiedades cuando la Justicia lo requiera»...

Entre las iniciativas sí pertinentes, abundan aquellas que exigen a las autoridades la difusión en Internet de toda clase de datos. Entre otros, las actas completas de las mesas de adjudicación, las agendas de los miembros del Parlamento, las retribuciones del personal de confianza de la Administración, la relación directa e indirecta de estos últimos y de los políticos con empresas, las declaraciones de la renta de cualquier alto cargo, las subvenciones concedidas, el número de eventuales en la Xunta, los costes de campañas oficiales, las certificaciones mensuales del desembolso en obras y los gastos en viajes y dietas del presidente gallego, de los conselleiros, de los alcaldes y de los máximos responsables de las diputaciones.

Todo ello, opinan varios de los participantes en el proceso de consulta popular, ha de publicarse en un portal web constantemente actualizado, accesible para distintos perfiles de usuario, dotado de un sistema de alertas que permita estar al tanto de la divulgación de nuevas cifras y construido con información recopilada en formatos que permitan su posterior procesado. Debería prestar ese sitio, además, especial atención al área de personal, dando a conocer las ofertas de vacantes y las composiciones de tribunales de oposición, amén de los criterios para su selección.

En aras de una mayor transparencia, asimismo, los gallegos parecen coincidir en la necesidad de meter mano a los métodos de contratación de la Administración, aunque con distintos enfoques. Hay quien aboga directamente por suprimir, salvo para emergencias, tanto las adjudicaciones directas como las negociadas sin publicidad y quien simplemente exige que se difundan el 100 % de las encomiendas a compañías privadas, acompañadas siempre de memorias y presupuestos justificativos.