Feijoo pincha en su esprint contra la corrupción

Se fijó el objetivo sin que nadie se lo exigiera y se impuso los tiempos. Motu proprio, acudió Feijoo al Parlamento el 27 de enero para anunciar que en los siguientes 50 días impulsaría cinco grandes normas en pro de la «rexeneración democrática». En su esprint anticorrupción, no obstante, el presidente de la Xunta acaba de pinchar llegando a la meta. Agotado el plazo que él mismo se había marcado, el cual expiró el miércoles pasado, el líder popular todavía tiene pendientes un 20 % de los deberes.

En la Cámara, el jefe del Ejecutivo autónomo se había comprometido a lanzar antes del 19 de marzo una ley de participación ciudadana, otra de financiación de partidos, una de asistencia jurídica a funcionarios y autoridades públicas, otra de transparencia y una última para reformar el Consello de Contas. La primera la registró en O Hórreo el grupo popular hace 32 jornadas, mientras que el Gobierno aprobó los proyectos de la segunda, la tercera y la cuarta, respectivamente, el 19 de febrero, el 12 de marzo y anteayer. La quinta, según fuentes conservadoras, planea presentarla el PPdeG en sede parlamentaria este lunes. Si finalmente lo hace, Feijoo acabará tarde su etapa reina, pero tampoco a gran distancia del pelotón.

Consello de Contas

Prevención. De contenido todavía no conocido, los populares pondrán sobre la mesa una norma que modificará parcialmente el funcionamiento del Consello de Contas. En el seno de ese órgano, que ahora se dedica únicamente al análisis de hechos consumados, se creará una sección especial con competencias en materia de prevención de la corrupción. Elaborará planes de riesgo de delito, cooperará con distintas administraciones en la redacción de reglas antifraude y aconsejará a los ayuntamientos.

Transparencia

Estriptís patrimonial. Probablemente, la nueva ley de transparencia entrará en vigor después del verano. Bajo amenaza de sanción económica e inhabilitación para el ejercicio de cometidos públicos, obligará a los secretarios xerais, directores y asimilados de la Xunta a publicar sus bienes al tomar posesión del puesto y al cesar en él, así como a comunicar sus actividades en los dos años anteriores a la toma de posesión y en los mismos posteriores a la destitución o dimisión. Encorsetará la labor del Ejecutivo en funciones y regulará los traspasos de poderes.

Asistencia jurídica

Ni agua al corrupto. En aplicación de la futura ley de asistencia jurídica letrada de la Administración autonómica, esta negará a sus trabajadores y altos cargos investigados por corrupción el derecho a defensa legal a costa del erario. Igualmente, supondrá que aquellas autoridades y empleados que hayan gozado de abogado gratis, si finalmente resultan condenados, tengan que pagar por los servicios prestados. Será la asesoría general de la Xunta, no los políticos, la que decida en última instancia a quién se ampara o no.

Financiación de partidos

Guerra a las donaciones. Aunque se tramita en paralelo a una norma estatal que podría dejar obsoletas algunas de sus cláusulas, la ley gallega de financiación de partidos impedirá al erario autonómico otorgar cualquier tipo de subvención a aquellas formaciones políticas que «reciban, directa ou indirectamente, doazóns anónimas ou procedentes de persoas xurídicas, incluídas as realizadas por fundacións e asociacións vinculadas». Forzará también a rendir cuentas a través de Internet del empleo de fondos.

Participación ciudadana

Parlamento abierto. La Lei de Iniciativa Lexislativa Popular e Participación Cidadá no Parlamento abrirá la puerta a que los ciudadanos, pasando un filtro previo y gozando del plácet de algún grupo, planteen en los plenos preguntas orales a los conselleiros. Con 2.500 firmas, además, se podrán elevar a la Cámara iniciativas de impulso o de reclamación de la acción del Gobierno.