Costas mantiene en un limbo legal cientos de casas en núcleos rurales

La reforma de la Ley de Costas de mayo del 2013 dejó sin resolver la demanda histórica de Galicia para el reconocimiento de los núcleos rurales de su litoral, aunque al menos habilitó una vía para regularizar muchas de las 12.500 viviendas anteriores a esa norma (1988) que la Xunta estimó que pueblan la zona de servidumbre. Esto llevó a 34 concellos con plan general a solicitar en el plazo fijado la rebaja de esa franja de protección de costa de los 100 metros delimitados en la ley original, desde el límite interior de la ribera del mar, a los 20 que permite su reforma. Esos concellos, y otros 24 con PXOM aprobado (que elevan a 255 los núcleos deslindados), cumplían los requisitos de consolidación edificatoria, accesos y servicios. Pero la mayoría de las 4.500 casas levantadas en esas 255 aldeas tradicionales siguen en el limbo. En unos casos, la Dirección General de Costas, que depende de Medio Ambiente, reclama más documentación. En otros, ha denegado la solicitud. Solo en unos pocos ya ha resuelto el problema.

Algunos municipios ya tenían reconocida esa franja de protección a 20 metros del mar, como sucede, por ejemplo, con el núcleo tradicional de Combarro (Poio). Y con la reforma también quedó solventada la situación en aldeas de Marín, que fue el primer concello en dar a conocer su problema con las movilizaciones del 2004. Son los casos de núcleos como Mogor y parte de los de Loira y Aguete, donde fue necesario un trabajo arduo para su reconocimiento y delimitación legal. La aprobación del planeamiento urbanístico (PXOM) de Marín fue crucial para completar con éxito el proceso, en diciembre pasado.

También en Baiona, Nigrán, Outes (con seis aldeas afectadas) y Arteixo tienen la situación resuelta. En Ribadeo, su alcalde, Fernando Suárez (BNG), destaca que tienen el PXOM aprobado «con toda a normativa legal en aplicación».

Pero muchos ayuntamientos están recibiendo negativas a las solicitudes que cursaron ante Costas. En esa tesitura está Vilaboa, que además de carecer de PXOM no cumple los requisitos en cuanto a su grado de consolidación o existencia de servicios públicos cuando se aprobó la ley (1988). Esto deja en ese limbo alegal a cientos de casas de los núcleos de Larache, Paredes, San Adrián y Santa Cristina. Se da la circunstancia de que hay viviendas con orden judicial de demolición, con la consiguiente incertidumbre de los propietarios afectados. También en O Grove (12 núcleos costeros), A Illa de Arousa (5) y Vilanova (5), Costas ha rechazado las solicitudes. Vilanova ya recurrió la decisión y O Grove lo hará. Los tres municipios reprochan a Medio Ambiente las trabas que complican acogerse a la vía que abrió en la reforma. En Fene, la anterior corporación formalizó hace dos años los trámites para regularizar los núcleos de Barallobre y Maniños. Pero la respuesta por parte de Costas ha sido negativa.

En Sanxenxo (8 núcleos), Poio (donde Costas rechazó ampliar el de Raxó), Cangas (9), Muros (5), Ribeira (3), Boiro (29), A Pobra (7), Malpica (3), Ponteceso (1), Neda (2), Valdoviño (4), O Vicedo (3) y Xove (1), entre otros, esperan respuesta. En muchos de esos procesos, Costas ha requerido a los ayuntamientos documentación complementaria para acreditar que cumplen las exigencias. Pese a la relevancia de un problema que preocupa a centenares de familias, en varios concellos donde mudó el gobierno tras las municipales de mayo los nuevos alcaldes ignoran la gestiones que realizaron sus predecesores. Este asunto no ocupó en todos los casos un lugar prioritario de la agenda en el traspaso de poderes.

Con información de Susana Luaña, Marcos Gago, Carla Elías, Andrea Díaz, Mónica Torres, Toni Longueira, Ana Gerpe, Mar G. Balseiro, Xosé V. Gago y Toni Silva.

Opción de reformar, no de construir

La reforma de la Ley de Costas permite a los propietarios de viviendas que se regularicen reformarlas o incluso ponerlas en venta o alquiler. Pero esas obras se limitarán a la conservación de lo edificado, porque la norma impide modificar su altura, volumen y superficie. Por lo demás, la revisión que el PP aprobó en solitario en mayo del 2013 (el PSOE la recurrió al Constitucional) veta nuevas construcciones en la zona de servidumbre, donde antes tampoco eran posibles. En lo que no entra es en las demoliciones. Del mismo modo que la reforma no facilita la construcción indiscriminada en la costa, tampoco supone la condena de las casas sin regularizar. En este sentido, la piqueta seguirá amenazando a las edificaciones sobre las que pese una sentencia judicial firme.

La Xunta señala que el rechazo a la solicitud no cierra la puerta a la regularización

El Gobierno de Feijoo prefiere ver la botella medio llena en el proceso que abrió la reforma de la Ley de Costas para el reconocimiento legal de los núcleos tradicionales junto al mar. La secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, sostiene que lo relevante de la revisión en un ámbito que compete al Ministerio de Medio Ambiente es «que marca un antes y un después por el reconocimiento de que el suelo de núcleo rural es el ámbito natural en la costa gallega». Sostiene que la denegación no cierra la puerta, porque «todavía hay margen para ajustarse a los requisitos».

A diferencia de otras comunidades, en Galicia no se busca dar cobijo legal a procesos especulativos, sino a la seña de identidad de los pueblos marítimos, anteriores al marco legal de 1988. Mientras en el Mediterráneo el debate político sobre la reforma de la ley se centró en si era más permisiva con aberraciones urbanísticas a pie de playa, o si amnistiaba chiringuitos, aquí el objetivo es buscar soluciones por las que Galicia lleva años reclamando para sus núcleos tradicionales, con varios requerimientos unánimes del Parlamento. «Lo importante es que los concellos trabajen con rigor y seriedad en los ámbitos en los que solicita la reducción de la zona de servidumbre», apunta Rivas.

La falta de PXOM, un escollo

El principal obstáculo de algunos concellos para regularizar sus núcleos costeros es la falta de PXOM. Además del pontevedrés de Vilaboa, que ya ha recibido la denegación de Costas, en esa tesitura está también Malpica. Otro escollo es la alta dispersión edificatoria característica del urbanismo gallego, ya que la regularización está condicionada a que las viviendas en situación alegal conformen un núcleo.