La nueva ley otorga al menos 18 meses más de instrucción a las macrocausas

Las macrocausas judiciales que se encuentran en plena instrucción tendrán un respaldo temporal con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entró en vigor ayer sábado y que entre otras cosas sustituye la denominación de imputado por la de investigado. Aunque la nueva norma tiene como una de sus vocaciones limitar la duración de ese tipo de causas, agilizando los procedimientos y evitando dilaciones indebidas, lo cierto es que esas complicadas investigaciones podrán tener al menos 18 meses de plazo a mayores de lo instruido hasta el momento. Y en Galicia son varias las instrucciones que entrarían en ese año y medio de plazo, que marca la Lecrim.

Desde este momento los fiscales gallegos tienen seis meses para revisar las más de 35.000 causas penales en fase de instrucción en los juzgados gallegos y seleccionar cuáles deben ser investigadas en seis meses y cuáles tendrán, por su complejidad, un plazo de 18 meses, que pueden ser prorrogados. La reforma establece un límite genérico de seis meses. Pero hay excepciones. La ley amplía el plazo hasta los 18 meses para las instrucciones que tengan la calificación de complejas. Y esa consideración se mueve en un amplio abanico de casos.

Una investigación es compleja cuando cumple alguno de estos siete requisitos: que recaiga sobre grupos y organizaciones criminales; que tenga por objeto numerosos hechos punibles; que involucre a gran cantidad de investigados o de víctimas; que exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o la realización de análisis complicados; que precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas; que suponga la realización de actuaciones en el extranjero y, por último, que se trate de investigaciones sobre terrorismo. El plazo se interrumpirá si en medio de la investigación se decreta el secreto sumarial y cuando se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa.

Desde ahora y hasta el 6 de junio, el tiempo empezará a contar desde cero para esas 35.000 investigaciones pendientes en Galicia. Esa moratoria permitirá que, salvo que se cierren antes de junio, investigaciones como la Pokémon, iniciada en el 2011, pasen a tener un plazo extra de 18 meses, que puede ser prorrogado otros 18. El caso que dirige la jueza Pilar de Lara cuenta con requisitos que la ley marca para ser considerado complejo. Destacan dos: la existencia de un gran número de investigados (antes, imputados) y el examen de abundante documentación y la realización de complicados análisis.

En Lugo hay más investigaciones de ese tipo, como la Garañón o la Bebé, con un largo historial de años de instrucción. La operación Patos, que investiga una trama de tráfico de influencias, y la Cuarzo, con más de 80 investigados en relación con el mercado de A Pedra, ambas en Vigo, se encuentran dentro de los supuestos de complejidad. Como lo está también la operación Zeta, en A Coruña, que investiga un supuesto fraude en subvenciones públicas. Y complejas también son las instrucciones a redes de narcotráfico y las que tienen que ver con el crimen organizado y con la delincuencia económica.

Revisión antes de junio de 35.000 casos pendientes, además de los que vayan entrando

Los 145 fiscales titulares de Galicia tienen el compromiso de revisar las más de 35.000 instrucciones pendientes. «Seremos capaces porque no queda otro remedio», asume Antonio Roma, fiscal especialista en urbanismo y miembro de la Asociación de Fiscales, de corte conservador. Una labor complicada porque además de examinar los casos pendientes tendrán que dar trámite a los nuevos.

«Ahora ponemos el contador a cero a las causas antiguas. Tenemos que revisarlas y, al mismo tiempo, gestionar cada una que entra nueva para ver si es compleja», explica Álvaro García Ortiz, fiscal de medio ambiente y presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

El Consejo Fiscal, que engloba a los fiscales de España, señala que en el sistema actual, fijar un plazo de instrucción en el que el fiscal pide la prórroga, «resulta un contrasentido al hallarse la instrucción dirigida por el juez».