Archivado el caso de los enchufes que afectaba al alcalde y a tres concejales de Pontevedra

El instructor acaba de dar carpetazo, provisionalmente, a la primera de las causas separadas de la operación Patos que se tramitan en Pontevedra, la referida a los supuestos enchufes en Cespa y que afectaba, entre otros, al alcalde Fernández Lores y al edil Raimundo González, ambos del BNG. El auto, que el fiscal puede recurrir, establece que «na información policial non existen, nestes momentos, indicios sólidos para atribuír concretos feitos delituosos a persoas determinadas».

Además de decretar el archivo provisional, el magistrado insta a la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal- a llevar a cabo una serie de diligencias vinculadas con el documento que dio pie a esta causa. Se trata de un papel con un listado de nombres que fue localizado en la sede compostelana de la empresa y en el que aparecen reflejados no solo el alcalde de Pontevedra y dos ediles, sino también un policía local, un sindicalista y un vigilante del mercado de abastos. También otras catorce personas, según la Policía, trabajadores de Cespa. Los agentes, en una de sus conclusiones, sostienen que la firma «contrata persoas 'a petición' de funcionarios e políticos».

El juez expone que el hecho a analizar es «un folio de autoría e datas descoñecidas no que se fai constar a catorce persoas que se asocian a outras, ligándoas por algún tipo de relación afirmada polo autor do escrito nalgúns dos casos». Tal extremo, «en si mesmo, non constitúe delito algún e tampouco constitúe un indicio sólido de que se cometera algún ilícito», remarca.

Ante esta falta de concreción, el instructor instó a la policía a realizar una serie de actuaciones. Ya no solo se trata de que los agentes especifiquen dónde fue localizado el documento, sino que identifiquen al autor del mismo. De igual modo, les requiere que le trasladen si existen otros indicios que «permitan dar explicación da motivación e obxecto deste listado, indicando con precisión qué indicios permiten esa conclusión». Y es que, a la vista del folio, el magistrado advierte de que se desconoce la intención de esta lista.

Las grabaciones a Pais

Mientras, la jueza de instrucción número 7 de Vigo, Carmen García, ha emitido un auto en el que rechaza la anulación de las escuchas de la trama Patos. Hasta 13 investigados habían pedido la revocación de los pinchazos al constructor Enrique Alonso Pais, pruebas que son la base del caso, por lo que pedían su archivo. Los sospechosos tienen tres días para presentar un recurso de reforma o cinco para apelar en la Audiencia.

La jueza también rechaza las pruebas que pidió el fiscal para corroborar la existencia informática del auto del 2013 en el que la letrada judicial dejaba constancia de la intervención de las comunicaciones. Añade que, «llegado el caso, sería solo en el supuesto de que las partes fuesen consecuentes con las acusaciones que vierten e interpusiesen la oportuna querella». Las defensas habían pedido la nulidad porque el número de teléfono de Pais, según ellos, había sido intervenido sin una resolución que habilitase a la policía para hacerlo.