Cuatro años después de comenzar la Pokémon se siguen tomando declaraciones en Lugo

Cuatro años después de iniciada la investigación, la jueza De Lara sigue tomando declaración a investigados en la operación Pokémon. Para ayer por la mañana citó a tres funcionarios del Ayuntamiento de Lugo, uno de los jefes de servicio de contratación, una técnica de este departamento y una ingeniero jefe. Les atribuye los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Los relaciona con presuntos tratos de favor, al menos a una empresa, para otorgar obras municipales.

La causa que afecta a los funcionarios municipales y también a un empresario lucense nació dentro de la Pokémon. De esta también se generaron otros asuntos de cuya situación judicial nada se sabe.

El retraso es de tal calibre que aún la pasada semana fue incorporado a la instrucción un informe de la Confederación Hidrográfica Miño Sil sobre el chófer de su expresidente Francisco Fernández Liñares y la empresa que lo contrató.

La instructora incluso instruye cuestiones relacionadas con Asturias que, en opinión de algunos abogados, debería trasladar al Principado.

De las operaciones llevadas a cabo por la jueza, no hay constancia de que el fiscal llegase a calificar ninguna de ellas.

A las declaraciones de ayer de los funcionarios del Concello de Lugo acudió el abogado del exalcalde José López Orozco, que está imputado en la operación. A la entrada dijo que había «suficientes argumentos para ser desimputado» del exregidor socialista. Reclamó nuevamente el sobreseimiento «porque Orozco es totalmente inocente». En tal sentido recordó que en la operación Campeón, en la que también su cliente se vio salpicado inicialmente como consecuencia de las declaraciones de Jorge Dorribo, acabó finalmente quedando libre al archivarse las actuaciones contra él.

«A ver lo que dice la fiscalía de todo esto», advirtió el letrado del exregidor.