En Galicia hay catorce millones de propiedades, cinco por cada habitante

En Galicia hay más propiedades que habitantes. Solo en el medio rural 2,8 millones de hectáreas de suelo acogen 11,1 millones de parcelas, según los datos del Catastro. La suma de otros 2,81 millones de inmuebles urbanos eleva a 14 millones el número de propiedades, es decir, a cinco por gallego. Ourense, de hecho la provincia que más está sufriendo el efecto de la despoblación, es sin embargo el escenario del mayor número de parcelas registradas de tipo rústico, con 3,6 millones en total, por 2,7 de A Coruña, 2,4 de Pontevedra y otros 2,3 millones que se registran en Lugo.

El valor catastral de las parcelas no consideradas urbanas en Galicia es de 3.562,6 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, un importe que refleja un valor administrativo inferior al del mercado y que se calcula en función de la localización del terreno y sus condicionantes urbanísticos, así como los gastos de producción y la cifra tipo que la ley de la oferta y la demanda fijan en la zona.

La mayoría sin uso

Y si el mayor número de bienes inmuebles de Galicia son rústicos, la mayoría de ellos cuentan una clasificación que escaso valor añadido generan al no acoger ningún tipo de cultivo o destinarse como mucho a pastos. Ese es el rol que juegan prácticamente la mitad de las parcelas rústicas gallegas, mientras que el suelo destinado a especies madereras de crecimiento lento se convierte en el segundo uso más frecuente, con un 17,67 % de las fincas registradas. Tierras de secano (8,63 % de la superficie rústica); suelo explotado para especies maderables de crecimiento rápido (6,66), regadío (1,13), viña (0,72) y frutales (0,11) completan la radiografía de los usos del campo gallego, según las clasificaciones registradas en el Catastro.

El número de bienes inmuebles gallegos es prácticamente coincidente con el censo de habitantes. Se podría decir que a cada residente en Galicia le correspondería una propiedad urbana, al existir 2,81 millones en total, con un valor catastral que Hacienda eleva a 96.479 millones de euros.

El valor catastral medio de las propiedades urbanas gallegas es de 34.218 euros, la cifra más baja de toda España y que se sitúa lejos de los 118.218 euros de media que resultan en Madrid por propiedad o los 80.806 de Baleares. Solo el valor medio de las propiedades urbanas extremeñas se acerca al de las de Galicia, ya que se sitúa en 34.470 euros como valor catastral tipo.

El uso más frecuente de las propiedades urbanas en Galicia es el de uso residencial al sumar 1,5 millones de títulos en dicho concepto, con un valor catastral de 64.007 millones de euros. Suelo libre, almacenes y estacionamientos, parcelas de uso industrial y locales comerciales siguen en número a las viviendas.

Parques eólicos en 301 parcelas, 167 presas y 49 concellos con autopista

El registro del Catastro además de clasificar el uso del suelo entre urbano y rústico también abre una categoría para otras actividades especiales entre las que destacan por número los parques eólicos. En total hay 301 propiedades destinadas a producir energía con molinos de viento. Muras es el municipio de mayor profusión de propiedades destinadas a dicha actividad, con 21, mientras que 14 instalaciones se asientan en Ourol y 13 en Abadín, como puntos destacados de entre los 110 ayuntamientos gallegos donde se asientan firmas de producción eléctrica generada por el viento.

La provincia de Ourense se sitúa en cabeza y de manera especial destaca en cantidad de presas, saltos de agua y embalses. De las 167 existentes en Galicia acoge 81 en 43 municipios, siendo Viana do Bolo, con nueve, la localidad con más propiedades clasificadas bajo dicha actividad en toda Galicia.

Autopistas

Hasta 49 ayuntamientos de Galicia figuran en los bancos de datos inmobiliarios de Hacienda como ubicaciones con explotaciones de autopistas de peaje. Solo A Coruña, Vigo, Santiago y Teo cuentan con dos parcelas destinadas a dicha infraestructura, al acoger además de la AP-9 las dos primeras tramos de las autopistas autonómicas, y sendos trayectos de la AP-53 las otras dos localidades. La inscripción de las autopistas en el Catastro, al igual que cualquier otra propiedad, ha dado pie a los ayuntamientos a unirse para reclamar el pago del IBI a las concesionarias, pero las sucesivas sentencias judiciales pronunciadas las exime por ahora de dicho pago.