El Gobierno vuelve a vetar la tramitación del traspaso de la AP-9 a Galicia

Con argumentos similares a los empleados hace ya ocho meses, el Gobierno central volvió a vetar que se pueda tramitar en el Congreso la proposición de ley aprobada remitida por unanimidad desde Galicia, a través de la cual se reclama el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta. En un informe de siete páginas, el Ministerio de Fomento en que la transferencia que se reclama desde Galicia «generaría un aumento de los créditos presupuestarios» y no presta su conformidad para que se pueda llevar a cabo el debate. El grupo de En Marea reaccionó de inmediato a esta decisión calificando el informe de «mentireiro».

Fomento vuelve a recurrir a las misma cautelas expresadas hace ocho meses para desactivar la reivindicación gallega, pues interpreta que la concesión de la AP-9 generó unos ingresos derivados del peaje de 138,6 millones de euros en el 2016, por lo que el rescate de la concesión (algo que no se invoca en la proposición de ley gallega) costaría 4.400 millones, debido a que su vigencia caduca en el año 2048. De igual modo, se escuda otra vez en el incremento de las cargas financieras que la transferencia de la AP-9 le generaría al Estado, pese a que dicha referencia también se suprimió del texto remitido desde Galicia.

«É un informe mentireiro e cheo de falsedades», manifestó este viernes el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, quien emplazó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a hacer un «pronunciamente claro e contundente» contra la decisión de Fomento, pues de lo contrario estaría indicando que hay algún tipo de connivencia con Madrid en este asunto.

El portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, calificó de veto de «inaceptable» e «inadmisible» el nuevo veto del Gobierno de Rajoy y recordó que la ley gallega fue modificada precisamente para garantizar que el traspaso no tuviera un impacto sobre los Presupuestos del Estado. Y le envió un recado al presidente de la Xunta: «Deixe de tomarlle o pelo aos galegos votando unha cousa en Galicia e facendo outra no Congreso».

Para Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, el informe pone de relieve que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está comprando todos los boletos «para que o declaremos persoa non grata», pues hay una nueva muestra de «agravio e desprezo» a Galicia desde Madrid. En su opinión, el presidente gallego, Núñez Feijoo, también tiene responsabilidad en esta decisión, pues «é incapaz de defender os nosos intereses».

También el Gobierno gallego reaccionó al informe remitido por Fomento al Congreso. Lo hizo a través del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien manifestó que la posición de la Administración autonómica respecto al traspaso de la AP-9 «é coñecida» y que, por tanto, seguirán insistiendo en ella pese al veto de Madrid. Rueda confía en que a la Xunta se le puedan dar «as oportunidades e as canles axeitadas» para demostrar los argumentos en favor de una transferencia de titularidad que, a su juicio, sería «beneficiosa» para mejorar el servicio.