Un autismo fiscal que deja a Galicia sin 317 millones al año

Para evaluar el coste anual de los recursos públicos dejados de aportar por el País Vasco entre 2017-2021, con la aprobación y actualización de su sistema de Cupo, tomaremos aquí como base los cálculos realizados por Santiago Lago y Xoaquín F. Leiceaga en un documento del 2015 titulado Impacto fiscal en Galicia de los cambios en el modelo territorial, un informe que fuera realizado para el Foro Económico de Galicia.

En concreto partiremos del punto 7 de su resumen ejecutivo donde se dice que: «A independencia de Cataluña detraería entre 11.000 e 15.000 millóns de euros das contas públicas españolas. Para Galicia significaría, ceteris paribus, reducir as entradas de fondos entre 800 e 1.100 millóns de euros».

Esa cifra mínima de once mil millones se deriva de dejar de aportar en la situación actual un saldo fiscal negativo de ocho mil quinientos millones con los ajustes que explican sus autores. Saldo fiscal que fuera en su día calculado por el Ministerio de Hacienda (2014 en su Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas. Ejercicio 2011).

Es esta una estimación que evalúa un posible escenario futuro para Cataluña de independencia fiscal, ya sin saldos fiscales que favorezcan al resto de España.

Pero es este un escenario fiscal del que ya goza en la actualidad de hecho el País Vasco con el vigente cálculo del cupo asociado a su concierto económico. Pues mientras Cataluña aportaba esos 8.455 millones, según los saldos fiscales del 2011, el País Vasco lejos de aportar recibía del resto del Estado unos saldos de 1.576 millones.

Si ello es así y como quiera que la economía del País Vasco era con datos oficiales del 2016 aproximadamente un tercio de la economía catalana, dado que una supone el 6,2 % del PIB español y la otra, el 19 %, podemos estimar que si el País Vasco se homologase con el encaje fiscal actual de Cataluña, cada año el autismo fiscal que implica el funcionamiento del Cupo vasco detrae de los recursos públicos del conjunto de España no menos de unos 4.400 millones de euros. Pues debiera pasar de recibir un saldo positivo actual de 1.576 millones a aportar otro negativo de 2.820 (un tercio del catalán actual).

Un autismo fiscal que para Galicia supone no contar cada año con unos 317 millones de euros suplementarios de saldo e ingresos fiscales. Unos recursos con los que, por poner un ejemplo, se podría casi duplicar la inversión en infraestructuras prevista para el 2018 por la Xunta de Galicia.

Debe tenerse en cuenta además que los recursos dejados de aportar por el País Vasco, en relación a comunidades ricas que están en el actual régimen común, son más regresivos en su caso, ya que esta comunidad dispone de una riqueza por habitante del 133 % (para España igual a 100), mientras que por ejemplo Cataluña solo llega a un nivel del 119 % según los datos del Instituto Nacional de Estadística para el 2016.

Lo que convierte en un agravio relativo descomunal que la primera anote una entrada de recursos públicos desde el resto de España por 1.576 millones en un año, mientras la segunda aporta 8.455 millones. Puestos en esas, y en esa perspectiva tiene su lógica de agravio comparativo, no es extraño que una parte significativa de la sociedad catalana quiere dejar de aportar dicho saldo fiscal.

Pero sería justamente esa la dirección contraria a la que habría que moverse. Porque en vez de acercar el encaje fiscal de Cataluña (independencia) al del País Vasco (Cupo), más bien habría que acercar el encaje fiscal vasco al actual de Cataluña. Como acertadamente concluyen los autores del citado informe: «Un financiamento público máis equitativo, con regras iguais para todos, e no que, xa que logo, País Vasco, Navarra e Canarias asuman progresivamente os resultados do modelo común». Justo lo contrario de lo que se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados hasta el año 2021.