Feijoo considera un logro que Fomento quiera hablar del peaje de Redondela, pero advierte que requerirá tiempo y trabajo

La resaca de la visita del ministro Íñigo de la Serna a Galicia ha dejado al presidente Feijoo moderadamente satisfecho en la medida en que no hay cambios en los plazos del AVE y, al menos, se ha aplazado unos meses una parte de la subida del 3,8 % en los peajes de la AP-9. Pero aparentemente el mayor logro para el presidente de la Xunta ha sido que el ministro de Fomento haya accedido a abrir una comisión que estudie «unha solución total ou parcial» para el peaje entre Redondela y Vigo.

Antes de que se celebrase el acto público del miércoles en Santiago, De la Serna y Feijoo tuvieron unos minutos para sincronizar sus mensajes, y en ese intercambio de impresiones se forjó el compromiso de no volver a permitir obras en la AP-9 en Galicia a costa de subir peajes, y abrir una comisión para «falar» del caso de Redondela. Necesitará «traballo e tempo», dijo, pero se trata de un «logro», pues ningún Gobierno anterior abrió la puerta a ningún tipo de bonificación en este tramo. Feijoo estaría inicialmente de acuerdo en impulsar una negociación que supusiese una subida de las tarifas en determinados trayectos y por un tiempo, como ocurre en el tramo Pontevedra-Vigo.

El presidente también aclaró que las obras que se van a realizar en Rande en los primeros meses del 2018 estarían relacionadas con el antiguo tablero central del puente y, por tanto, podría aplicar la subida ya en el 2019, cuando pase por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros.

Presión contra la subida

A pesar de que un 2 % de la subida del peaje se ha aplazado unos meses, el BNG ha impulsado una asamblea de cargos públicos para hacer presión contra la nueva tarificación, encuentro al que estarían invitados el portavoz de En Marea y el secretario xeral de los socialistas. El objetivo de la formación liderada por Ana Pontón es «sumar forzas ante un novo abuso contra os galegos».

Además, la diputada de En Marea Yolanda Díaz ha reclamado la «nacionalización» de la AP-9 a través de la compra de acciones, que a su juicio supondría un gasto de mil millones de euros.