Bandas y familias de okupas invaden cada día una vivienda en Galicia

La última memoria de la Fiscalía de Galicia, publicada recientemente, recoge la sensibilidad social hacia el problema de la ocupación de viviendas: «Dentro do grupo de delitos patrimoniais, no marco da actual crise estase a avivar a polémica social e xurídica sobre a ocupación ilegal de inmobles». Estas prácticas, expone el ministerio fiscal, encajan en el delito de usurpación, una figura bajo la que se contabilizan en ese documento, referido al balance del año 2016, un total de 310 delitos tramitados en los juzgados gallegos. Aunque la cifra es ligeramente inferior a la que se había contabilizado durante el ejercicio anterior, 383 casos, es un problema que preocupa a la Fiscalía que, de hecho, trabaja con la Delegación del Gobierno y con los cuerpos de seguridad en la elaboración de un protocolo para afrontar estas prácticas.

El informe explica que bajo el paraguas de la usurpación se incluyen dos modalidades, una de delito menos grave y otra de delito leve. La primera se refiere a una ocupación con violencia o intimidación, que se sanciona con una pena de entre uno y dos años de prisión. La segunda es el acceso no violento a un inmueble sin contar con la autorización de su propietario, y puede ser sancionada con una multa de tres a seis meses.

Esta última es la modalidad más habitual en Galicia, en muchas ocasiones vinculada al movimiento okupa, en otras practicada por personas con dificultades para acceder a una vivienda. La memoria del ministerio público reconoce, sin embargo, que la situación se complicó en ciertos casos debido, entre otras cosas, a denuncias de propietarios que tras recuperar sus inmuebles constataron que habían sufrido graves daños, o en determinadas ocasiones en las que se produjeron problemas de convivencia con los vecinos, como ocurrió hace algunos meses en un edificio de Vigo, o de salubridad de las zonas afectadas.

La solución, reconoce la Fiscalía, no es fácil, puesto que «se interrelacionan cuestións xurídicas de tipo penal, civil e administrativo, con outras de tipo social e económico». De momento, añade el informe, ha sido objeto de diferentes «interpretacións doutrinais e xurisprudenciais, así como dunha emerxente normativa municipal que trata de abordar o problema».

La complejidad del problema y las dificultades de muchos propietarios a la hora de recuperar sus viviendas han derivado en un debate social que se trasladó al Congreso en el mes de septiembre, nada más comenzar el curso político. Ciudadanos presentó entonces una moción, que fue finalmente aprobada por este grupo y el Partido Popular, en la que se insta al Gobierno central a tomar medidas para prevenir y atajar las ocupaciones. La propuesta aprobada en el Congreso, aunque sin consecuencias prácticas todavía, plantea una reforma de la ley con el fin de que los delitos de usurpación se diriman en juicios rápidos, una medida encaminada a agilizar el proceso para que los dueños puedan recuperar su propiedad.

En la moción se incorpora una petición para que se endurezcan las penas con el fin de evitar la proliferación de mafias okupas, un fenómeno que, según reconocía hace algunas semanas el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, no se ha detectado todavía en las ocupaciones que se han producido en la comunidad.

La recuperación del inmueble puede demorarse un año

La pena por usurpación puede oscilar entre los tres meses y los dos años de prisión, e implica además el desalojo de la vivienda ocupada. Pero antes de conseguir una sentencia que reconozca los derechos del propietario y que encamine a este hacia la recuperación de su vivienda, este debe seguir varios pasos.

denunciar

Lo antes posible. La denuncia debe tramitarse lo antes posible para que la policía actúe contra los usurpadores. Quienes bregan con este tipo de casos recomiendan que la denuncia se presente en una comisaría y no en el juzgado de guardia, porque en este caso el proceso suele demorarse más. Si la policía sorprende a los okupas manipulando la cerradura y los daños ocasionados no superan los 400 euros, la ocupación es considerada como falta, y no como delito.

el proceso

Lento si la vivienda es segunda residencia. La identificación de los ocupantes de la vivienda suele ayudar a agilizar el proceso judicial, aunque los trámites que este implica suelen demorarse durante al menos un año. En el caso de que la ocupación se produzca en la vivienda habitual del propietario, el desalojo suele ser más rápido y los autores pueden enfrentarse a penas de cárcel. Pero si el inmueble que se ocupa está vacío o si es segunda vivienda, el proceso suele dilatarse, y con él el tiempo que el propietario tarda en recuperar su casa. En este caso las penas, salvo que concurran otros factores, son menores.

precauciones

Elaborar un inventario de bienes. Otro de los pasos que debe dar el dueño de una vivienda usurpada es realizar un inventario lo más detallado posible del mobiliario y de los bienes que hay en el interior. De todas maneras, los juristas advierten que esta precaución es habitual que no dé resultado, porque los ocupantes suelen declararse insolventes y no acaban resarciendo los daños causados, ni en la mayoría de los casos pagando las costas del proceso judicial.

otras opciones

Cambiar la cerradura, un riesgo. Algunos propietarios recurren a la opción de aprovechar una salida de los ocupantes para volver a cambiar la cerradura y tratar así de que no vuelvan. Pero esta alternativa entraña riesgos, porque en ocasiones detrás de las ocupaciones hay grupos delictivos organizados que previamente estudian a los propietarios y sus costumbres.

Un grupo de trabajo para agilizar las soluciones y evitar nuevos casos

La alarma social que determinados casos de ocupación han generado en Galicia durante los últimos meses -por poner solo algunos ejemplos, los de la Travesía de Vigo en esta ciudad, los edificios ocupados del barrio de A Milagrosa en Lugo, o las movilizaciones okupas en Santiago- han llevado a las autoridades a actuar para tratar de buscar soluciones y de frenar la aparición de nuevos casos. La primera medida ha sido la creación de un grupo de trabajo en el que participan la Delegación del Gobierno, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, en concreto Guardia Civil y Policía Nacional.

Este equipo ha comenzado ya a trabajar con el fin de elaborar un protocolo que permita agilizar las actuaciones policiales y judiciales en los casos de ocupación ilegal de viviendas. Este documento en el que se está trabajando de manera coordinada trata de establecer unas bases comunes de actuación ante las ocupaciones de viviendas. Es un asunto complejo, pero se trata de garantizar que los propietarios puedan recuperar sus viviendas cuando estas hayan sido ocupadas de forma ilegal.

Además de brindar soluciones para los casos existentes, el equipo de trabajo tiene la encomienda de buscar fórmulas para que no se produzcan nuevas ocupaciones y, sobre todo, para que no se instalen en Galicia las mafias okupas.

El delegado de Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, reconocía hace algunas semanas la preocupación por este problema en Galicia, si bien insistía en que no se han detectado mafias y en que el fenómeno no está teniendo en la comunidad la intensidad que tiene en otras zonas.