La policía da protección en Galicia a 3.100 víctimas de violencia machista

Diana Quer murió por ser mujer, víctima de un crimen que solo daña y mata a las mujeres. Este argumento fue repetido una y otra vez a lo largo de las últimas semanas para sustentar una petición que volvió al primer plano con la aparición del cuerpo de la joven madrileña, asesinada y la autopsia dirá si violada por un hombre que se cruzó en su camino de regreso a casa. Esa petición es que el caso de Diana Quer y todos los casos de agresiones sexuales pasen a ser considerados violencia machista. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, anunciaba hace unos días que los crímenes como el de Diana serán contabilizados a partir de este año en las estadísticas que elabora ese organismo. Para ir más allá y que las víctimas de acoso, abusos, trata y otros delitos contra la mujer pasen a beneficiarse de las providencias previstas en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género harán falta cambios legales.

El pacto de Estado firmado hace algunas semanas abre este camino, pero mientras este no se recorra, los casos como el de Diana solo pasarán a engrosar las estadísticas de violencia machista. Unas estadísticas que, sin tener en cuenta estos delitos y contabilizando solo la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja, cerraron los once primeros meses del 2017 con 482.729 casos en España y 25.043 en Galicia, 3.169 de ellos activos y 13 de riesgo alto o extremo.

Son los datos del sistema Viogén, de seguimiento integral en los casos de violencia machista, que puso en marcha el Ministerio del Interior en el año 2007 para hacer una evaluación del riesgo en cada caso y determinar las medidas de protección y seguimiento que deben aplicarse tras cada denuncia que llega a las comisarías, a los cuarteles o a los juzgados.

Según esos datos de 30 de noviembre del 2017, hay en Galicia 23.285 víctimas de violencia machista. Ellas o su entorno han denunciado esos 25.043 casos que recoge la estadística, de los cuales 21.874 estaban inactivos y 3.169 activos. Que un caso esté inactivo significa que, por determinadas circunstancias, se considera que no es necesaria la atención policial, aunque puede ser reactivado en cualquier momento. Los casos activos están bajo atención policial, con una actividad que depende del nivel de riesgo que se determine aplicando el protocolo que se ha elaborado para ello.

De los 3.169 casos activos que los últimos datos estadísticos reflejan en Galicia, 1.522 se consideraron de riesgo no apreciado. Para las mujeres en esta situación, el sistema Viogén prevé medidas de seguimiento que implican la revisión del nivel de riesgo cada tres meses y, si es necesario, medidas policiales de protección. Para las mujeres para las que se haya apreciado peligro se establecen medidas policiales de protección que aumentan de intensidad según se incrementa el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio, alto o extremo. Solo 12 casos se consideraban de riesgo alto en el último recuento, y solo uno era considerado por la policía como de riesgo extremo. 259 casos eran de riesgo medio, y 1.375, bajo. Casi 1.500 mujeres tienen en Galicia un plan de seguridad personalizado con el fin de garantizar su integridad física frente a sus parejas.

Antonio del Castillo: «Es una pena que nuestro caso, tan fácil, no se resolviera, y el de Diana sí»

Este miércoles se cumplen nueve años de la desaparición de Marta del Castillo, por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel. El cuerpo sin vida de la sevillana sigue sin ser encontrado, aunque su padre ha señalado que no pierden la esperanza. Antonio del Castillo ha confesado que la resolución del caso de la joven madrileña les ha «alentado mucho». «Es una pena que un caso tan fácil como el de mi hija no se resolviera y el de Diana Quer, más complicado sí», señaló el padre de Marta.

Desde aquella tarde del 24 de enero del 2009 que la sevillana salió de su casa en la capital hispalense para quedar con unos amigos la familia está desolada. «Seguimos igual», señaló Antonio del Castillo, quien apunta que la familia desconoce en qué punto se encuentra la investigación. «No sabemos lo que realmente la Policía Nacional está haciendo».

Al padre de Marta le siguen llegando información y datos relacionados con lo que sucedió y con el posible paradero del cuerpo de su hija. Reconoce que mantiene contacto con la policía, pero solamente cuando él se mueve. «No recibo llamadas ni diaria, ni semanal ni mensualmente. Solamente cuando me presento en la comisaría o llamo».

Rajoy defiende la prisión permanente «frente a la izquierda y los ciudadanos de la abstención»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que su Ejecutivo y su partido mantendrán su compromiso de defender la prisión permanente revisable en España aunque haya otros que quieran «acabar con ella, la izquierda y los ciudadanos de la abstención», en relación a Ciudadanos.

Durante la convención de distritos del PP en Sevilla, Rajoy señaló que el PP aprobó la prisión permanente revisable para los crímenes más horrendos. Y también, aseguró el presidente del Gobierno, el PP es el partido que va a seguir en el Congreso defendiendo esa reforma a pesar de que algunos quieran acabar con ella. «Nosotros no, nosotros estamos a favor», subrayó el presidente del PP.

Mientras, la petición registrada en la plataforma Change.org por la madre de Candela y Amaia, las niñas de Moraña asesinadas por su padre, y apoyada por los padres de Diana, junto a las familias de Marta del Castillo, Mariluz Cortés, y Ruth y José, para pedir al Congreso de los Diputados que no apruebe la proposición de ley de derogación de la prisión permanente revisable, superaba a última hora de ayer las 780.000 firmas.

El Congreso está tramitando desde el pasado de octubre la derogación de esta medida a la que podría enfrentarse el autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, el Chicle, si una vez que concluya la investigación, se le acusa de un delito de asesinato y de una agresión sexual previa al fallecimiento de la chica madrileña.

La mayoría absoluta de la que disfrutaba el Partido Popular en la décima legislatura le facilitó reformar el Código Penal para introducir la prisión permanente revisable, que fue una de las medidas estrella del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobada en el 2015. La oposición, que denomina a esta medida cadena perpetua, recurrió esta figura penal, prevista para supuestos de excepcional gravedad, en el Tribunal Constitucional.

Una campaña para conseguir la implicación de los colectivos vecinales

Acabar con el silencio es el objetivo de la campaña que impulsa la Xunta entre los colectivos vecinales gallegos, una iniciativa que la Secretaría Xeral de Igualdade está presentando estos días en todas las provincias. La idea de esta campaña es que el entorno de las víctimas, no solo el familiar, sino también el vecinal, conozca pautas que le permitan detectar casos de maltrato y saber reaccionar ante ellos. Para ello se están haciendo reuniones con las asociaciones de vecinos, a las que se les entregan además unos trípticos con información y consejos sobre cómo prevenir y abordar estas situaciones.

El hecho de que se haya elegido los colectivos vecinales para impulsar esta campaña obedece a que, por su cercanía, pueden tener un papel fundamental a la hora de detectar casos de maltrato y ayudar a las víctimas. En este aspecto, desde la secretaría xeral inciden en la necesidad de que quienes conozcan situaciones de violencia machista las denuncien «para seguir avanzando nunha loita que é responsabilidade do conxunto da sociedade».

La que ahora se pone en marcha no es la primera medida que impulsa la Xunta para conseguir la implicación vecinal. A lo largo del pasado año, la Administración autonómica firmó un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas y con la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales para contar con su colaboración. El fin de estos acuerdos es contar con su colaboración en la prevención y detección de situaciones de violencia machista en las comunidades de propietarios en las que actúan esas sociedades.