«Teño un montón de amigos que estudan un máster, pero de verdade»

Las clases empiezan a las 16.15 de la tarde y media hora antes llegan ya los primeros alumnos. Repasan contenidos y resuelven dudas. El Mestrado en Estudos da Unión Europea de la Facultade de Dereito es uno de los 60 másteres que ofrece este curso la UDC. Una cantidad cercana a la oferta de la Universidade de Vigo y a la de la USC, 62 cada una. Títulos oficiales impartidos en centros públicos, al igual que el que luce en su currículo, por el momento, la presidenta autonómica de Madrid Cristina Cifuentes. «Si es cierto, es una vergüenza que se falseen documentos», censura sin titubeos Guillermo Rodríguez. Tiene 24 años, es graduado en Relacións Laborais y compagina sus estudios de máster con un trabajo en una asesoría. «Las clases son por las tardes, todos los días de cuatro a ocho. Ayudo a mis padres a costeármelo trabajando por las mañanas. Estar aquí es un esfuerzo económico y personal mío y de mi familia», añade. Él va todos los días a clase, «no me queda otra», sonríe.

El prestigio de una institución

Los másteres oficiales del llamado plan Bolonia pasaron a sustituir a los segundos ciclos de las licenciaturas, ahora grados. El coste de su matrícula es superior al de los cursos de la titulación. «Es una formación más específica. En la pública su coste está entre los 2.000 o los 3.000 euros. No es un tema menor, cuesta tiempo y dinero», apunta Ángela Fraga Quintana, alumna del Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial, también de la UDC. Marina Barreira, compañera de clase de Ángela, ha conseguido un trabajo como teleoperadora por las mañanas: «Las clases son los jueves y los viernes por la tarde así que puedo compaginar».

Dentro del aula, sus preocupaciones están puestas en las materias a superar, pero no son ajenos a las noticias. «No me influye lo de Cifuentes, estoy contento con este máster, es un trámite pero también creo que puede tener salidas. Nosotros estamos aquí todos los días y al llegar a casa hacemos trabajos y nos preparamos para los exámenes. Que algunos se saquen títulos como este por ser quienes son es indignante», opina Eduardo González, de 25 años y matriculado en Estudos da Unión Europea.

La polémica que afecta a la Universidad Rey Juan Carlos se ve como algo ajeno: «Non se pode xeralizar. Teño un montón de amigos que están a facer un máster, pero de verdade, e eu tamén o vou facer. Penso que a privada é peor que a pública», sentencia Antía Martínez, en el último curso del grado de Administración e Dirección de Empresas.

Sin embargo, la crisis madrileña también enturbia el ambiente en los campus gallegos. «¿Las aulas de los másteres? Mejor pregunta en la Rey Juan Carlos», responde con ironía una estudiante de la Facultade de Economía. «No hay que ir afuera. Aquí hace falta una mejor organización de los docentes y del plan de estudios», manifiesta más crítico Adrián Madrid, estudiante del Mestrado de Asesoramento Xurídico de la UDC.

Centrar el foco

Si a los alumnos les preocupa un caso que salpica a una de las instituciones clave en la igualdad de oportunidades, con los profesores el sentimiento de enfado no es menor: «Hai que centrar o foco, non desenfocar. Estamos ante un problema de persoas que fan cousas mal, por non dicir ilegais. Non é un problema das universidades públicas. Non comprendo o interese por desviar a atención a unha institución que implica a millóns de persoas no noso país. Todos os títulos oficiais teñen axencias reguladoras externas que os controlan», subraya José Antonio Costoya Puente, coordinador del máster en Investigación Biomédica de la USC. «Gente que hace trampas la hay en todas las partes. Nosotros nos lo sacamos honradamente y ya está», concluye el universitario Guillermo Rodríguez.

«Es impensable que suceda algo como lo de Madrid en el sistema gallego»

«Comprendo que pueda haber estudiantes enfadados», confiesa José Antonio Vilar, coordinador del Mestrado en Técnicas Estatísticas por la UDC. Un título interuniversitario que se imparte también en la USC y en la Universidade de Vigo. «Es impensable que suceda algo así en los estudios oficiales. Hoy todo está informatizado. Antes de la defensa pública del trabajo de fin de máster exigimos su entrega con 15 días de antelación, tres copias por escrito y en formato digital», cita Vilar, que añade: «Lo sucedido es muy grave. Se tienen que depurar responsabilidades por el bien de las universidades y de su imagen. Esto no se corresponde con la realidad del sistema universitario. Ojalá que en otros ámbitos existiera el mismo rigor que el que hay en esta institución».