Madrid, Madrid, Madrid

La décima legislatura autonómica de Galicia, que suma algo más de año y medio de andadura, empieza a consolidar un perfil estable tirando a bajo y con aires mesetarios. La metáfora geográfica es doblemente válida, porque el período político más largo sin elecciones empieza a dirimirse más en Madrid que aquí, incluso tratándose de temas rabiosamente gallegos. La tercera mayoría absoluta de Feijoo, la de la estabilidad, la del líder previsible que prefiere vivir sin dar sobresaltos a sus administrados, ha propiciado un éxodo de asuntos trascendentes para la comunidad que no encuentran eco ni en la dinámica parlamentaria de Santiago ni en la confrontación de partidos, ya que la oposición está entretenida saltando y esquivando sus propios disparos.

La primera lectura podría dejar entrever que es el propio Gobierno gallego el que está interesado en echar balones fuera para gestionar los asuntos domésticos menores sin que nadie le rechiste, pero en al menos dos cuestiones es la oposición la que tiene el máximo empeño en que se sustancien en el Congreso y no en O Hórreo, aprovechando la debilidad de Rajoy: la comisión de investigación del accidente del Alvia y la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia.  

El silencio de José Blanco

Los socialistas, o más bien el resucitado Pedro Sánchez, han propiciado que la curva de Angrois tenga por fin un recorrido político que el Parlamento gallego no le podía dar, porque las ausencias a nivel gubernamental serían clamorosas. En la lista de comparecencias estará el exministro José Blanco, que con buen criterio no se pierde ni una línea de lo que La Voz escribe sobre las consecuencias de la tragedia. El que fue número dos de Zapatero transmite la sensación de que se han aprovechado de su silencio para atribuirle graves responsabilidades y ahora está interesado en poner las cosas en su sitio.

Hasta el BNG, cuarta formación en Galicia con seis diputados de 75, encuentra en Madrid más argumentos que aquí para azotar a Feijoo con la frustrada petición de traspaso de las competencias sobre la AP-9, una promesa que pone al gallego en un brete ante los nones del Ejecutivo. Esa es una realidad. Otra muy distinta es la teima de la líder nacionalista Ana Pontón, que reprocha al presidente del PPdeG su escasa influencia en Madrid, justo en el momento en el que suena con más fuerza como sucesor de Rajoy y cuando el BNG lleva desde el 2015 fuera del Congreso.  

Aun sin representación, el Bloque ha conseguido menearse casi con la misma intensidad en el lío de la autopista que En Marea, que sí tiene escaños subarrendados con Unidos Podemos. La bronca sin nombres propios de Beiras en el último plenario tenía mucho que ver con la evidente desconexión entre los cinco diputados y sus mentores. A al menos tres de ellos -Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez y Gómez-Reino- les reprochan en la confluencia su entreguismo a Iglesias y sus ínfulas capitalinas. Están a «outras cousas».  

La comida de Navidad

La financiación autonómica, que lógicamente se cuece en Madrid, y el hipotético proceso de sucesión en el PP, que podría afectar de lleno, son las otras dos piedras de toque político externalizadas. De momento, Feijoo no va a sumarse al carrusel de visitas a la Moncloa de presidentes autonómicos que han estrenado Susana Díaz (Andalucía) y Javier Lambán (Aragón). De hecho, en la Xunta dan por hablados -que no por zanjados- ambos asuntos en el encuentro navideño que mantuvo con Rajoy. El menú de la comida fue el conocido: Galicia, Galicia, Galicia.

Dos apuntes

Beatriz Mato inicia la mudanza

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, tiene un pie y medio en A Coruña y su presencia en actos públicos es cada vez más habitual. Al igual que José Manuel Rey, que tratará de recuperar la alcaldía ferrolana para el PP, mantendrá unos meses su escaño y sueldo de diputada mientras despliega su estrategia contra la Marea Atlántica. De momento, su hasta ahora jefa de gabinete en la Xunta ya está sobre el terreno de avanzadilla.

Rueda y el sueldo de los funcionarios

La clave del coletazo feliz de un conflicto es que todas las partes tengan una salida digna. Pero un 40 % de los representantes sindicales de Xustiza quieren cerrarlo cobrándose una pieza política, Alfonso Rueda, cuyo enfado de esta semana podría tener esta explicación: cobra 68.000 euros y no es ni de lejos el cuarto vicepresidente mejor pagado de España. Si los funcionarios aceptan su oferta, sí alcanzarán ese nivel.