El PSdeG respalda el uso flexible del superávit para reforzar el gasto sanitario

Los socialistas gallegos se declaran a favor de que el superávit que pueda generar la comunidad autónoma sea objeto de un «manexo máis flexible» con la finalidad de reforzar algunas inversiones en el ámbito de la sanidad, la educación u otros servicios públicos. No obstante, el portavoz parlamentario y presidente del partido en Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, discrepa abiertamente del camino tomado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al plantear la reclamación en una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues entiende que «é o mellor exemplo práctico dunha cortina de fume».

En dicha carta, el mandatario autonómico pide autorización a Hacienda para poder destinar los 125 millones de euros de superávit generados en el 2018 a gasto social, en vez de a rebajar el volumen de la deuda pública, como marca la ley, al tiempo que reclama un «incentivo» de 170 millones más por cumplir en los últimos dos ejercicios con los objetivos de la regla de gasto. Desde el Ministerio de Hacienda explicaron ayer tener constancia de la demanda de Feijoo, pero aclararon que, de momento, la ministra Montero no ha tomado una decisión al respecto.

Desde el PSdeG se muestran mucho más explícitos sobre el planteamiento del jefe del Ejecutivo gallego. En declaraciones a La Voz, Leiceaga reprocha a Feijoo que haga una «burda utilización» del asunto con fines electorales, obviando además algunos preceptos legales. Destaca que en el 2018 se abrió la puerta a poder destinar el superávit a inversiones asociadas al «cambio climático, eficiencia enerxética ou redución do gasto corrente». Y prosigue: «En ningún caso se pode destinar o superávit a gasto social; dicir o contrario é unha gran mentira», remarca.

En lo que atiende al incentivo de los 85 millones al año que invoca Feijoo, el portavoz socialista defiende que las comunidades cumplidoras con la regla de gasto deben disponer de alguna prima, como también se recoge en la ley, pero sostiene que dichos incentivos dependen «dun informe previo do Consello de Política Fiscal e Financeira» y de un mecanismo «potestativo, que non obrigatorio» que se cree para todas las comunidades. «Iso non é de hoxe para mañá», puntualiza Leiceaga, que entiende que es un trabajo a desarrollar por el Gobierno que salga de las urnas el 28A.

Hacer sin pedir permiso

Los demás grupos de la oposición acogieron la demanda planteada por el presidente de la Xunta con la misma distancia. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se mostró tajante y dijo que si Feijoo quiere destinar más recursos a la sanidad pública, «non ten que pedir permiso a ninguén, ten que facelo».

Pontón puso de relieve que la petición de Feijoo es solo «unha manobra para culpar a outros» del deterioro que a su juicio sufre la atención primaria. En esa apreciación coincide también el portavoz de En Marea, Luís Villares, que acusa al líder de los populares gallegos de venir ahora «con lerias» como la petición de autorización para invertir el superávit, cuando con Rajoy en la Moncloa «non se acordou de pedir nada para Galicia».

Tanto el PSdeG, como En Marea y el BNG anticiparon ayer que impulsarán propuestas en el Parlamento para que la Xunta refuerce el gasto en la atención primaria, pero acudiendo a lo que depende de la propia Xunta y de su presupuesto. «Hai marxe no propio orzamento galego», sostiene Leiceaga.

La posibilidad de destinar el superávit de las administraciones a inversiones se reguló en el 2018, en los últimos presupuestos de Rajoy, a petición de la FEMP. La utilizaron varios ayuntamientos y se dio luz verde a Canarias para hacer lo propio. En el frustrado proyecto de presupuestos impulsado por Pedro Sánchez se eliminaba esta disposición.