La Xunta limpiará de oficio las franjas de seguridad de fuego de 700 aldeas conflictivas

De pagar por la limpieza de las fincas a recibir una renta. Es el cambio de perspectiva que quiere difundir el conselleiro de Medio Rural, José González, que llevó a la reunión semanal del Gobierno gallego un proyecto que se suma al acuerdo con los concellos para mantener limpias las franjas de seguridad en las poblaciones y alejar así al fuego de los bienes no forestales y las personas. Para darle brío a la iniciativa, la Xunta se ha propuesto asumir de oficio la limpieza en las franjas de 695 aldeas ubicadas en 68 parroquias consideradas de alto riesgo incendiario. Estas zonas «vulnerables» se han escogido con criterios objetivos y con la máxima de poner por delante la seguridad de los núcleos de población, y en una primera acción se alcanzarán las 4.500 hectáreas de zonas limpias, que alcanzarán las 16.000 cuando finalice el acuerdo entre la Xunta, Seaga y la Fegamp, entre el 2019 y el 2022, que tiene un respaldo presupuestario de 37 millones de euros.

Pero el objetivo real va más allá de asumir la limpieza. La Xunta, junto a los concellos adheridos al acuerdo -177- busca que esos trabajos de roza se hagan una sola vez y que de forma más o menos inmediata se aprovechen para recuperar actividades agroganaderas en las fincas afectadas, de forma que no sea necesario un mantenimiento anual y que se conviertan en una barrera natural estable contra el fuego, al margen de la productividad que puedan tener. Habrá dinero para apoyar esos proyectos pilotos, que también se extenderán a cuarenta «aldeas modelo» ubicadas en municipios al margen de las parroquias más conflictivas. En estos núcleos, escogidos junto a la Fegamp, la empresa Seaga hará la limpieza y asumirá las tareas necesarias para habilitar la actividad en esos terrenos, siempre que exista un acuerdo entre los propietarios de las parcelas. 

El conselleiro José González también presentó una nueva herramienta informática a la que los concellos podrán acceder en cuestión de días y que les permitirá conocer con cierta exactitud cuáles son las parcelas que se ven afectadas por las franjas de seguridad. Esa plataforma servirá para agilizar y simplificar la gestión de los requerimientos y notificaciones que las entidades municipales tengan que hacer a los vecinos para el cumplimiento de sus obligaciones. El titular de Medio Rural recordó que estas iniciativas están enmarcadas en el acuerdo parlamentario y el informe aprobado por la Cámara tras los siniestros de hace dos otoños.

Como «un cambio de modelo» definió ayer el presidente de la Fegamp, Alfredo García, el convenio que la Xunta y los concellos tratan de impulsar en materia de incendios. Lo es sobre todo por esa apuesta por volver productivas las franjas de monte que se limpien, una iniciativa cuyo éxito dependerá, en buena medida, de que los propietarios estén dispuestos a cederlos y de que haya personas interesadas en trabajarlos, destacaba García.

En la adenda al convenio, que se firmará en los próximos días, se recogerá otra medida «de vital importancia para os concellos», según explicaba ayer el presidente de la Fegamp. Se trata de la elaboración de planes básicos de prevención y defensa contra los incendios, que una vez elaborados servirán de guía a los municipios para elaborar sus propios planes municipales, un documento que la ley exige a todos los concellos que tengan suelo forestal.

Precisamente la Fiscalía General del Estado ha enviado a 63 concellos gallegos una carta en la que les pedía información sobre esos planes contra incendios y les recordaba la obligatoriedad de disponer de ellos. El fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, incidía en que si alguno de esos concellos en zonas de alto riesgo no disponían de plan de prevención y sufrían un incendio, podían ser investigados penalmente por la carencia de ese documento.