El pazo de Meirás tuvo vigilancia del Estado años después de la dictadura

Poner de manifiesto que durante la dictadura el pazo de Meirás se gestionaba desde el Estado y con fondos públicos es uno de los ejes de la demanda de juicio presentada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña frente a la familia Franco. La demanda plantea una acción reivindicativa de la propiedad del pazo y pide la nulidad de los contratos de compraventa. Es cierto que el grueso de lo que esgrime la Abogacía del Estado tiene que ver con la forma en la que se hizo la venta del inmueble, que según los servicios jurídicos «se basa en un título, la escritura de compraventa, que es un texto simulado y completamente nulo». Pero no menos importante es demostrar que el pazo de Meirás era una parte más del Estado, de tal forma que, a juicio de la Abogacía del Estado, «se gestionaba de forma idéntica» al palacio de El Pardo, residencia oficial del entonces jefe del Estado y que hoy forma parte del patrimonio público y es una de las residencias que la familia real utiliza para hospedar a los jefes de Estado en visita oficial en España.

Parece haber pocas dudas sobre la presencia de la estructura del Estado en el pazo de Meirás durante la dictadura. Pero hay un dato clave que maneja la Abogacía: el pazo tuvo vigilancia a cargo del Estado hasta muchos años después del período franquista y ya instaurada la democracia. Recuerda que el inmueble, también conocido como Torres de Meirás, fue desde 1938 a 1975 la residencia oficial de verano del jefe del Estado, y que en el pazo, situado en el municipio de Sada, se centralizó durante los meses estivales la actividad de la Jefatura del Estado y del Gobierno. Meirás fue sede de consejos de ministros y acogió reuniones y audiencias oficiales del ámbito del Estado.

La llegada de Francisco Franco a Meirás en verano implicaba el traslado de toda la estructura del Estado desde Madrid a Galicia. El municipio de Sada fue el gran beneficiado de la llegada de los funcionarios que trabajaban para la Jefatura del Estado y para el Gobierno. Aún hoy son muchos los pisos y casas de verano de Sada que pertenecen a los descendientes de los funcionarios que en aquellos años se traían con ellos a toda la familia desde Madrid, sabedores de que tenían que pasarse el verano cerca del jefe del Estado. 

El hecho de ser residencia oficial e institucional del jefe del Estado suponía que el pazo estuviese vigilado permanentemente por los servicios de seguridad del Estado, en especial por la Guardia Civil, que en los meses de verano incrementaba su presencia en el entorno del pazo y en todo el municipio de Sada. El número de agentes que tenían que desplazarse a Galicia en verano se determinaba desde Madrid, concretamente desde la Casa Militar. Esos agentes reforzaban el destacamento asignado al pazo de forma permanente durante el resto del año. Muchos vecinos recuerdan hoy aquellos despliegues de las parejas de la Guardia Civil por caminos y montes de Meirás, y las espectaculares comitivas de vehículos de escolta que acompañaban cada desplazamiento de Franco desde el pazo de Meirás.

Esa vigilancia de los cuerpos de seguridad públicos es uno de los argumentos que expone la Abogacía para reflejar el carácter estatal de la actividad que se realizaba en el pazo. Era una vigilancia permanente durante los años de dictadura, pero que se extendió años después, por parte del destacamento de la Guardia Civil al menos hasta los años ochenta, según los informes que manejan los servicios jurídicos estatales. Pero esa presencia del Estado continuó, según las investigaciones de la Abogacía, hasta casi los años noventa, con la creación de lo que se llamó guardas hortelanos y que eran guardias civiles destinados de forma permanente en las dependencias del pazo.

Pero la intervención del Estado en el pazo de Meirás incluye también la realización de obras de reforma y de mantenimiento en la finca y en el inmueble con cargo a los presupuestos de cada uno de los ministerios implicados en los trabajos.

Fuentes del Ministerio de Justicia destacan que en los casi 40 años que el pazo fue utilizado como residencia oficial era administrado como una dependencia más del palacio de El Pardo, con el mismo uso público que el edificio madrileño y gestionándose con fondos públicos y con funcionarios del Estado. Esa condición de sede estival de la Jefatura del Estado queda de manifiesto con los actos que acogió en 1974. Ese año se celebra en el pazo de Meirás un Consejo de Ministros especial, pues estuvo presidido por Juan Carlos de Borbón. Franco le había cedido el poder del Estado de forma provisional debido a que su enfermedad estaba ya en un proceso muy avanzado.

Para los servicios jurídicos del Estado, esa ocasión es clave para la consideración de las Torres de Meirás como un edificio institucional independientemente de Francisco Franco. La Abogacía tiene clara la condición oficial y pública del pazo, como residencia de verano del jefe del Estado, como escenario de los consejos de ministros estivales y como sede de las oficinas y dependencias administrativas de las entonces denominadas Casas Civil y Militar. Ese carácter demuestra, a juicio de los servicios jurídicos, que fue la Administración del Estado la que, durante más de treinta años, asumió todos los gastos de gestión, vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras y servicios del pazo, igual que otros edificios del aparato administrativo del Estado.

«Ese pazo es de quien lo ha pagado y quien lo ha pagado son los ciudadanos»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha vuelto a pronunciarse sobre el procedimiento judicial para reclamar a la familia Franco la titularidad del pazo de Meirás. Lo hizo en Barcelona, en la gala de los premios de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña, donde dijo: «Ese pazo es de quien lo ha pagado, y quien lo ha pagado son los ciudadanos y, por lo tanto, la propiedad debe ser de los ciudadanos». Feijoo subrayó que el Gobierno gallego está «a favor» de la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en los juzgados para recuperar el pazo para el patrimonio público. Recordó que hubo una petición unánime del Parlamento de Galicia, donde se constituyó un grupo de trabajo que concluyó que «había lagunas jurídicas» en la propiedad de la familia del dictador.