En 47 concellos gallegos no hay ningún perceptor de la risga

Mujer. Entre 35 y 54 años. Soltera o ya separada de su pareja. Que vive sola o con familiares a su cargo en un piso de alquiler de un municipio de más de 50.000 habitantes. Con estudios primarios y en situación de desempleo tras haber trabajado, siendo esa falta de una oportunidad laboral su principal problemática. Ese es el perfil del perceptor de la Risga (la Renta de Inclusión Social de Galicia), según el Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia del año 2018 encargado por la Consellería de Política Social.

Con todo, entre las 14.338 personas que en algún momento del año pasado recibieron esta prestación (de las que el 37 % son hombres y el 63 %, mujeres), existen casuísticas muy distintas. Por ejemplo, casi un 2 % de quienes cobran la risga no tienen vivienda, y otro 2,2 % reside en una chabola, aunque lo más habitual, tras el ya citado piso en el que vive el 67 % de los beneficiarios, es que habiten en una vivienda unifamiliar (el 18,7 % de los casos).

En cuanto a los estudios, llama la atención que un 1,8 % de quienes tuvieron que recurrir en el 2018 a esta prestación pública tienen estudios superiores, y un 5,4 % completaron los secundarios. Y, más allá de la dificultad compartida por 9 de cada 10 beneficiarios, de no tener trabajo, también existen otras problemáticas específicas. Así, en el 13,7 % de los casos el solicitante afronta la manutención de una familia monoparental, en otro 14,2 % se trata de una persona con algún tipo de discapacidad y un 14,8 % ve agravada su situación por tratarse de un extranjero de procedencia extracomunitaria, mientras que en el 10 % de los casos, el agravante viene dado por pertenecer a una minoría étnica. Los problemas de alcoholismo o de drogodependencia solo se dan en el 1,5 y el 3,1 % de los casos, respectivamente.

Más perceptores en las siete ciudades

Las ciudades gallegas acumulan el mayor número de perceptores de estas rentas de inclusión, con Vigo (2.397 beneficiarios) y A Coruña (1.279) a la cabeza. En la capital lucense hubo 685 perceptores, casi cien más que en Ourense, mientras que en Ferrol residen 425 beneficiarios, en Pontevedra, 317, y en Santiago, 277.

Pero otros nueve municipios cuentan también con más de 100 personas que precisan de la risga. En Ponteareas y Vilagarcía, por ejemplo, superan las 250, y Carballo y Verín suman 146 y 135 respectivamente. O Porriño, Marín, Monforte, Narón y Arteixo rondan el centenar.

En el extremo opuesto, 47 concellos (el 15 % del total) no registran ningún beneficiario. 19 están en la provincia de Ourense y coinciden, en su mayoría, con municipios de población escasa y envejecida. Son los de Beade, Beariz, Os Blancos, O Bolo, Calvos de Randín, Castrelo de Val, A Gudiña, Laza, Lobeira, A Mezquita, Parada de Sil, Punxín, Riós, San Amaro, San Xoán de Río, Sandiás, A Veiga, Vilariño de Conso, Manzaneda. Otros 12 corresponden a la provincia de A Coruña (Abegondo, Aranga, Cabanas, Coirós, Dodro, Irixoa, Lousame, Mañón, Moeche, A Pobra do Caramiñal, Rois, San Sadurniño, Val do Dubra ); 12, a la de A Lugo (Alfoz, Baleira, Cervantes, Guntín, Muras, As Nogais, Palas de Rei, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Ribeira de Piquín, Trabada, Triacastela) y 3 son pontevedreses (Campo Lameiro, Ribadumia y Rodeiro).

5.800 solicitudes, el número más bajo de peticiones desde el 2013

En el año 2013, en plena crisis económica, la administración autonómica registró un máximo histórico de más de 7.700 solicitudes para percibir la Renta de Inclusión Social de Galicia. Desde entonces, el número de peticiones ha ido cayendo, hasta marcar el año pasado el mínimo de la década, con 5.808 solicitudes. En concreto, la provincia de Pontevedra recibió una media de 184 al mes; la de A Coruña, 169; la de Ourense, 68; y la de Lugo, 63 mensuales. En total, desde la entrada en vigor de la Lei 9/1991, de medidas básicas para la inserción social, se han recibido casi 101.000 peticiones.

Camino inverso han seguido las cifras de quienes consiguen cada año dejar de precisar la risga como fuente de ingresos. En el 2013, de las casi 11.300 personas que percibieron esta renta de inserción en algún momento del año, solo un 7,75 % salieron del listado de perceptores por haber logrado acceder a otros recursos económicos. En el 2018, sin embargo, el porcentaje fue del 16,1 %. Un total de 2.310 personas abandonaron el programa de ayudas, aunque en algunos casos de manera temporal, tras haber logrado una oportunidad laboral u otra fuente de ingresos.

Casi 440 euros de media

En cuanto al importe medio por persona beneficiaria, el año pasado fue de 439,16 euros, tomando como referencia los pagos del mes de diciembre. La cifra es similar a la del 2017, supone cinco euros más que en el 2016 y y un aumento de cerca de 9 respecto al 2015. En el 2014 y el 2013, la media de lo percibido no alcanzaba siquiera los 400 euros (393,75 y 390,50, respectivamente).

El acceso a estas ayudas no es inmediato. El tiempo medio de tramitación de la risga estuvo, en el 2018, en los 117 días (casi cuatro meses), bajando a 72 (dos meses y medio) si se excluyen las esperas motivadas por requerir documentación al solicitante. Además, de entre las algo más de 11.000 solicitudes resueltas el año pasado, una de cada cuatro fue denegada.