La deuda de Hacienda, la penúltima bala de Sánchez para ser investido

Hay veces en que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se expresa como un libro abierto. Ayer fue una de esas ocasiones. Al ser preguntada por el conflicto de la financiación derivado del impago de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, le rebotó el problema al PP y a Ciudadanos: «El desbloqueo está en sus manos, que se abstengan». La frase de Carmen Calvo, emplazando a los dos partidos citados a mudar su voto para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente, pone en evidencia que la crisis generada con la retención de los cerca de 7.000 millones de euros que corresponden a las comunidades es, en realidad, la penúltima bala que está utilizando el PSOE y el Gobierno en funciones para asegurar a toda costa la continuidad de Sánchez en la Moncloa sin tener que acudir a nuevas elecciones.

La falta de actualización de las entregas a las comunidades, que son los recursos que deben recibir por los impuestos ya cobrados en sus respectivos territorios, es un problema que sufren por igual las autonomías del régimen común, es decir, todas menos el País Vasco y Navarra. A lo largo del último mes, gobiernos autónomos de distinto color político, desde Galicia, Andalucía o Castilla y León, todas ellas del PP, pasando también por Asturias, Cantabria, Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, lideradas por el PSOE, o incluso por Cataluña, gobernada por el independentismo, alzaron la voz con mayor o menor intensidad para aludir a las dificultades que iba a suponer para sus arcas públicas el no percibir los cerca de 7.000 millones de euros que estiman que les adeuda el Estado.

El enfado fue creciendo como una bola de nieve a medida que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se cruzaba de brazos para repetir una y otra vez la misma respuesta: el problema estaría resuelto si se hubieran aprobado el proyecto de Presupuestos trasladado al Congreso, argumento que sirve de reproche a los independentistas, pero también al PP y a Ciudadanos; y el problema todavía se puede resolver si los demás partidos mudan su posición y garantizan la investidura de Sánchez.

Esta argumentación cocinada en la sala de máquinas de la Moncloa fue trasladada a los argumentarios y replicada por todos y cada uno de los miembros del Gobierno, por sus delegados en las comunidades y por los cargos orgánicos del PSOE en cada territorio. El propio Gonzalo Caballero, secretario xeral del PSdeG, se aplicaba ayer la lección al afirmar en un comunicado que la responsabilidad del impago del Estado a las comunidades «está no propio PP», por rechazar en su día los Presupuestos y por no propiciar la investidura de Pedro Sánchez para que el Gobierno deje de estar en funciones y pueda resolver el problema.

Desde Carmen Calvo, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasando por José Luis Ábalos, titular de Fomento, o el propio Gonzalo Caballero. Todos los cargos del PSOE están utilizando el conflicto de la deuda del Estado con las comunidades para abrir una brecha en el seno del Partido Popular, a base de lanzar a sus barones territoriales, como Núñez Feijoo o el andaluz Moreno Bonilla, contra el líder nacional, Pablo Casado. «Que se abstengan», les pedía ayer Calvo a modo de premisa para poder resolver esta crisis que, en el mejor de los casos, van a pagar los ciudadanos por la vía de los recortes en el gasto público.

Quizás la estrategia del PSOE acabe dando sus frutos y, al final, el PP o Ciudadanos, o incluso ambos, acaben absteniéndose en el Congreso para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Puede que también muden de posición los independentistas catalanes y retiren el recurso judicial anunciado contra el Gobierno para favorecer que Sánchez se convierta en presidente. No obstante, todas estas posibilidades parecen muy remotas, a tenor de la valoración que hacen los respectivos partidos.

Lo que sí puede encontrarse el PSOE por el camino es un conflicto con sus socios en algunas comunidades, como Compromís, Nueva Canarias o el PRC, con los que gobierna en Valencia, Canarias o Cantabria, que no están por la labor de tener que cruzarse de brazos y asumir por las buenas la agenda de recortes de gasto a la que parece condenarlos el Gobierno en funciones de Sánchez.