El pago parcial de Hacienda dejará un agujero de 200 millones en las cuentas de Galicia

Los 330 millones de euros que le corresponden a Galicia por sus entregas a cuenta -la participación de las comunidades en los ingresos del Estado, sobre todo IRPF e IVA- y que pagará finalmente Madrid, no solventan el problema financiero de la comunidad a corto plazo. Tan corto como este mismo año. Porque la Xunta contaba para este ejercicio con 530 millones. Así figura en los presupuestos para el 2019 que aprobó el Gobierno gallego hace un año. Figuran esas entregas del Estado (que Madrid le anticipó que serían 330 millones, aunque a final de año se ajustan arriba o abajo), y además 200 millones pendientes de una mensualidad del IVA del 2017. Ese es el agujero que queda.

Esto último, el IVA del 2017, es un problema que la actual Administración de Pedro Sánchez heredó de Cristóbal Montoro, que modificó el procedimiento de cobro (pasó a ser en tiempo real, y dejó por el camino una mensualidad). Tras una reunión en agosto del 2018 entre la ministra de Hacienda y Feijoo, María Jesús Montero se comprometió a buscar una solución. Y por ello se presupuestaron esos 200 millones. No es una guerra exclusiva de Galicia: prácticamente todas las comunidades incluyen en su paquete de reclamaciones a Hacienda ese IVA pendiente.

El caso es que, como explicó en una carta al conselleiro de Facenda la número dos del ministerio, el Ejecutivo había incluido en sus cuentas para el 2019 el traspaso de esos fondos del IVA a las comunidades. Pero como los presupuestos fueron tumbados en el Congreso -lo que precipitó las elecciones-, ese dinero sigue retenido y es un asunto que Hacienda ha arrinconado.

Así que, salvo sorpresa mayúscula, la Xunta acabará el año sin esos 200 millones con los que contaba (aparte de 170 de compensaciones, que no había incluido en sus presupuestos). Y eso tiene que tener alguna traslación cuando la hucha de gastos de la Administración autonómica rondaba los 9.000 millones para este ejercicio.

El Estado no determina una finalidad para esas entregas a cuenta y participaciones en impuestos (hay fondos finalistas, que son los que te da otra Administración para un fin concreto, como políticas de empleo). El caso es que ese dinero remitido desde Madrid se utiliza en Galicia, principalmente, en asuntos sociales, educación y sanidad; y en el pago de nóminas. Y como eso es intocable porque la Xunta ha decidido no afrontar más recortes sociales (y menos tocar las nóminas de los funcionarios), el agujero de los 200 millones tendrá que taparlo de otra manera. Y ahí solo aparecen dos posibilidades: recurrir a nuevas pólizas de crédito o retrasar el pago a proveedores, dando una patada hacia delante y pagando cuando haya más liquidez.

Estas dos situaciones ya se están produciendo. Este ejercicio ha tenido que tirar de 330 millones en nuevas pólizas con las que no contaba; y ha pasado de pagar en apenas 14 días a hacerlo en 17. Aún tiene margen porque el tope legal está en 30 días. Otros territorios como Cataluña o Valencia sí hablan abiertamente de meter la tijera en el gasto.

La cadencia de pago

Con todo, no está claro cuándo y de qué forma llegarán los pagos del Estado; es posible que se autorice el real decreto en el Consejo de Ministros de este viernes, o en el siguiente. Las entregas a cuenta se van prorrateando en 12 meses, y en cada una se ingresa una parte del total. Tiene sentido para no alterar la tesorería del Estado y porque así se supone que va acompasado al ritmo de ingresos que tiene el Estado con el IVA y el IRPF: ingresan mes a mes, y mes a mes lo van pagando a las Administraciones. El problema ha empezado cuando a mediados de año las comunidades se quedaron secas. El resto ya se conoce.