Trescientas personas se beneficiaron en un mes de compaginar risga y salario

El pasado septiembre comenzó a aplicarse el decreto que permite compaginar la renta de inclusión social de Galicia con un salario. Esta medida tiene un objetivo claro, que las personas en exclusión que cobran esta ayuda se integren en el mercado laboral y no caigan en la economía sumergida. Mientras durante el primer mes de vigencia de la fórmula apenas un centenar de personas se beneficiaron de estos nuevos tramos de la risga, en octubre la cifra rondó los 300. En concreto, fueron 282 beneficiarios, la mayoría en la provincia de Pontevedra.

Hasta ahora, cuando una persona recibía la risga y encontraba un trabajo podían suceder dos cosas, que este empleo tuviese un importe superior a la ayuda —la prestación mínima es de 403,38 euros—, por lo que dejaba de cobrarse; o que fuese inferior. En este último caso se le completaba el sueldo hasta alcanzar lo que venía percibiendo hasta ese momento. ¿Qué provocaba esa situación? Que un perceptor de la risga que lograba un empleo parcial de 200 euros al mes cobraba lo mismo trabajando que sin trabajar, lo que desincentivaba la búsqueda y además hacía más fácil caer en la economía sumergida.

Inma Pérez Fernández, jefa de servicio de Prestacións e Acción Social de la Consellería de Política Social, explica que con la entrada en vigor del decreto la risga ha pasado a tener tres tramos diferenciados: el personal y familiar, tal y como se concebía hasta ahora y que depende del número de personas convivientes en el hogar, o de si hay ayudas al alquiler; y dos nuevos, el tramo de inclusión y el de transición. El de inclusión se suma a las personas que, cobrando la risga, se comprometen a realizar cursos de formación. Y el de transición, que busca incentivar la inserción laboral y permite que durante seis meses los usuarios que encuentran un empleo compaginen ambas ayudas, siempre que no superen los 1.215 euros al mes.

¿Y está funcionando? Casi 300 personas se beneficiaron en octubre, y la Xunta invirtió en este tramo de transición más de 54.000 euros en los dos primeros meses de aplicación. «Consideramos que está funcionando porque hasta ahora todas las personas que accedían a un empleo mayor que la risga perdían la prestación, y ahora durante unos meses tendrán un tramo elevado de ayudas», explica Pérez Fernández.

Ayuda puntual

Se trata de una ayuda puntual que va descendiendo gradualmente hasta extinguirse, pero que durante los primeros meses es un incentivo considerable. Un ejemplo real: Un usuario que cobraba 457 euros de risga accede a un empleo de 240 al mes. Hasta ahora en la práctica cobraría lo mismo, porque la renta de integración le bajaría a 217. Con el nuevo modelo el primer mes percibe 686 euros, de risga más su salario, «lo que queremos es facilitar que afloren contratos, que se declaren, que la gente esté incentivada para acceder a un empleo», insiste Inma. Estos 686 euros van bajando de forma progresiva hasta que en el sexto mes se retoma la situación que había antes.

En septiembre la aplicación del decreto arrancó con cifras bajas. Lugo y Ourense no incorporaron a ningún trabajador, A Coruña, 16 y Pontevedra, 86. En octubre la cifra subió, con 73 en A Coruña; 71 en Lugo; 42 en Ourense y 96 en Pontevedra. Como es una ayuda que dura seis meses, hasta febrero se supone que la cifra seguirá creciendo hasta estabilizarse. Para poder acceder a este tramo, el empleo debe ser de al menos seis meses de duración e inferior al 135 % del salario mínimo interprofesional, 1.215 euros.

Una prestación de al menos 403 euros, para mayores de 25 años y en riesgo de exclusión

La renta de inclusión social es una prestación para personas en desempleo y en riesgo de exclusión social en las que se constate un déficit grave de recursos económicos. Hay otros factores que se tienen en cuenta cuando dificultan la integración laboral, como son el pertenecer a una minoría étnica, ser una persona sin hogar, víctima de violencia machista o incluso tener la condición de transexual. Además, la risga se concede solo a usuarios que tengan su residencia legal y efectiva en Galicia, que superen los 25 años y no tengan a familiares u otras personas con obligación legal y posibilidades reales de prestarles ayuda.

La cuantía mínima es de 403,38 euros cuando se trata de una persona sin cargas familiares. A partir de ahí se va incrementando en función del número de convivientes y de si existen menores. Un hogar de cuatro personas recibiría por ejemplo 597 euros al mes. Existe además un complemento por alquiler en aquellos casos en los que se reúnan los requisitos. Según los datos del IGE, en el 2018 recibieron esta prestación 10.163 personas. Una de las quejas de los trabajadores sociales es la lentitud para tramitar la ayuda, una demora que según la Xunta se ha agilizado.